Impuestazo en patentes sería inconstitucional

No sólo los legisladores opositores al gobierno de Mauricio Macri se manifestaron ayer en contra de la aplicación de los aumentos en el impuesto a las patentes de hasta 150% en el caso de los morosos de la Capital Federal. También los constitucionalistas ahora aseguran que la forma de aplicar la suba podría ser declarada ilegal por parte de la Justicia, ya que no respetaría el principio de no retroactividad para la aplicación de las normas. Si finalmente esto sucediera, el incremento de las patentes terminaría representando un nuevo revés ante la Justicia para el Gobierno porteño, luego de las suspensiones obligatorias de los 2.500 despidos de empleados públicos y de la ilegalidad dispuesta para la intervención de ObSBA, la obra social de los empleados públicos de la Capital Federal. Según declaró a este diario el constitucionalista Gregorio Badeni, la forma en que se aplicó la modificación de los costos de las patentes para los morosos porteños «no es viable», ya que «se incrementa el monto de una pena ya fijada». Para Badeni, «el aumento puede ser aplicado hacia el futuro, pero nunca para atrás, aunque las personas sean morosas» ya que «se estaría obrando ilegalmente en la aplicación de una norma con retroactividad». El caso, según el constitucionalista, sería que la patente fijada para morosos ya tenía un valor considerado por los contribuyentes porteños, y subir hacia el pasado las multas o penas no tendría sustento jurídico. La Ley Tarifaria 2008, que fue sancionada en diciembre por la Legislatura porteña, cambió la cláusula que fijaba un tope de 8% para aumentar el costo del tributo. De ese modo, cuando cada año se hacía la evaluación de los vehículos (sobre la base del registro de aseguradoras), aunque el rodado hubiera subido más en el mercado, el impuesto no podía incrementarse más de 8%. La nueva Tarifaria impuso que ese tope sólo se aplique para los contribuyentes « cumplidores». Ante el panorama, Badeni reconoce que un damnificado podría recurrir a la Justicia para que un juez «dicte la invalidez e inconstitucionalidad» de la aplicación de la norma o como mínimo «una medida de no innovar».

El jurista reconoce, además, otra falencia en el incremento de las patentes. Según su visión, existiría también el principio de norma más benigna, y en el momento de dictar sentencia, la Justicia podría fallar con los reglamentos vigentes para las patentes anteriores, ya que son menos graves para el infractor. Badeni reconoce una sola situación donde podría ser legal la aplicación de una norma de manera retroactiva: «Cuando el orden público lo justifique». Obviamente, reconoce, la actualidad del Gobierno porteño justificaría esta salvedad, ya que «únicamente una situación económica grave y donde esté en juego la institucionalidad de la Capital Federal» podría atender el levantamiento del derecho adquirido. Además, afirma el constitucionalista, en general el levantamiento del derecho «nunca se aplica para casos de penas o multas».

Injustificado

En el mismo sentido, se pronunció el constitucionalista Félix Llon, que coincidió en que sólo se justificaría la aplicación de una ley con retroactividad «en una situación donde esté en peligro o se altere el orden público», lo que en este caso «no se advierte ni se justifica». Según Llon, la norma «está mal hecha y no corresponde», al violar el principio de derecho que figura en el Código Civil de no retroactividad de las leyes. El jurista asegura que sólo pueden incrementarse las patentes a morosos «hacia adelante».

Ante este panorama, el presidente del bloque Frente para la Victoria de la Legislatura porteña, Diego Kravetz, pidió a los vecinos de la Ciudad que «reclamen y no paguen» el impuesto a las patentes de los autos. «Le pedimos a la gente que reclame y no pague porque hay muchos mecanismos para hacerlo, ya que hay casos en los que se ha llegado a un fuerte aumento sin que corresponda bajo ningún amparo legal», afirmó el legislador.

Proyecto

Kravetz habló ayer desde la Legislatura porteña junto con el diputado Aníbal Ibarra para presentar un proyecto que «suprime» el párrafo de la Ley Tarifaria que quita un beneficio de 8% para el que no esté al día con el impuesto a las patentes. La Tarifaria, a fin del año pasado, se sancionó -en ese punto- con los votos del macrismo y de la agrupación de Elisa Carrió.

«En todos estos casos nos parece conveniente ver cuál es la vía administrativa o judicial correspondiente y no entrar en esta suerte de dinámica de caja que tiene el gobierno macrista», sostuvo Kravetz.

Según el kirchnerista, el Gobierno «nos propone todo el tiempo políticas de ajuste; primero fue el impuestazo del ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza), ahora el de patentes. Además, el despido de 2.300 personas; entones debemos poner freno a estas situaciones».

«Hoy la Ciudad está en una época de bonanza económica y tiene un presupuesto de 13.500 millones de pesos; no hace falta tocarle así el bolsillo a la gente», dijo el legislador.

Por su parte, Ibarra anunció que el proyecto que presentó es «para dar marcha atrás con el aumento de las patentes que se hizo sin darlo a publicidad y, por lo tanto, impidiendo la opción de que aquellos que tenían alguna deuda pudieran regularizarla».

«Esta fue una decisión que tomó el macrismo cuando votó la Ley Tarifaria en diciembre del año pasado y cambió las reglas de juego de aplicación de las patentes en la Ciudad de Buenos Aires después de 5 años, alterándola y sin avisar a la ciudadanía», aseguró. «¿Qué hubiera correspondido?», se preguntó Ibarra y se respondió: «Avisarle a la ciudadanía. Decirles: señores, controlen aquellos que tienen deudas de patentes porque si persisten en esa situación se les va a aumentar 100% o 150%». En ese caso, Ibarra consideró que «podría haber habido premios y castigos, pero no lo hicieron por una cuestión de improvisación o de avidez de caja».