11 de noviembre 2008 - 00:00

Impuesto al cheque en la mira de pacto UCR-Carrió

Una de las primeras acciones que lanzará en el Congreso el nuevo acuerdo entre el radicalismo, la Coalición Cívica y el socialismo será el debate contra las pretensiones del gobierno del proyecto de prórroga del impuesto al cheque que Cristina de Kirchner enviará en breve al Congreso. La oposición quiere complicarle así a la Presidente un frente que, por ahora, tenía solucionado con las provincias. Los gobernadores ya habían bajado la pretensión de reclamar un incremento en la coparticipación del impuesto al cheque cuando se debata en el Congreso desde la próxima semana la renovación de ese impuesto que vence el 31 de diciembre.

El impuesto sobre los débitos y créditos bancarios fue creado por Domingo Cavallo en abril de 2001, cuando las cuentas públicas en el gobierno de Fernando de la Rúa entraban en su fase de mayor crisis. En ese momento, el tributo, que vio la luz junto con el famoso paquete de «superpoderes» que el Congreso le votó al entonces ministro, no se coparticipaba con las provincias. Ese fue el mayor escollo que debió superar el radicalismo en Diputados y el Senado para poder aprobar la ley.

Después de las elecciones de octubre de ese año con la victoria del justicialismo en el Congreso, la oposición de entonces, liderada en el Senado por Jorge Yoma, apuró la derogación de los superpoderes de Cavallo. El impuesto aún permaneció sin coparticipar.

Pero los gobernadores esperaron, y a principios de 2002, con Eduardo Duhalde ya en la presidencia, le arrancaron 30% de la recaudación del tributo para las provincias. Desde entonces ese impuesto de emergencia se fue renovando, pero sin modificar la distribución.

Este año era el indicado para que los gobernadores, en muchos casos desesperados por aumentar sus ingresos en medio del déficit que muestran las provincias, volvieran a la carga con la exigencia de elevar la coparticipación del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios. Pero el peso de las deudas provinciales y la necesidad de asistencia desde la Nación jugaron a favor del gobierno, bajando las pretensiones de los caciques provinciales.

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