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El Estado impugna los balances porque mantiene participación accionaria en la compañía y porque en los estados contables se incluye un pasivo que se considera no legítimo a favor de Air Comet, la controlante de la aérea local.
Según la presentación del Estado, Air Comet habría recibido dinero de la SEPI (Sociedad-Estatal de Participaciones Industriales de España) para cancelar pasivos de Aerolíneas anteriores a su transferencia a la empresa privada española. Air Comet pagó esas deudas, pero quedó como acreedora de Aerolíneas.
En la demanda, el Estado solicitó una medida cautelar que disponga la no validez de las decisiones adoptadas en la asamblea de accionistas de Aerolíneas en que se aprobó el balance de 2004.