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Esta decisión se viene estudiando en el gobierno por lo menos desde principios de año, cuando decidió suspenderse la licitación del Gasoducto del Nordeste por el que iban a ingresar 20 millones de metros cúbicos de gas de Bolivia, debido a los crecientes problemas políticos en ese país.
El proyecto oficial incluiría, en primer lugar, estimular el desarrollo de los reservorios de gas que se encuentran en el mar frente a Tierra del Fuego, operados por un consorcio que lidera la francesa Total.
Si se confirma que no puede contarse con el gas de Bolivia, el gobierno se vería obligado a alentar mediante beneficios impositivos -probablemente- la extracción en el mar, y después la construcción de nuevos gasoductos desde el Sur hasta los centros de consumo.
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