Incluirían devolución de 13% en el presupuesto de 2003

El gobierno ya tiene decidido -figura en la carta de intención con el FMI y en el proyecto de presupuesto 2003- que desde enero se restituirá 13% a todos los estatales y jubilados. La única discusión hoy pasa por lo que sucederá en los últimos cuatro meses del año. Trascendió que una de las iniciativas en estudio es realizar pagos parciales, comenzando por los jubilados y estatales de más bajos ingresos. Por el retroactivo, la intención del ministro Lavagna es realizar los pagos en cuotas -son $ 2.500 millones-o bien emitir un bono a largo plazo. Ayer hubo una reunión en el Ministerio de Economía en la que se conciliaron las cifras sobre el costo fiscal que tendrá para el gobierno comenzar a pagar con aumento a estatales.

Roberto Lavagna se comprometió a que en la carta de intención con el FMI y en el presupuesto 2003 figure la devolución de 13% a estatales y jubilados. Así lo aseguraron ayer a este diario fuentes del Palacio de Hacienda, por lo que el único tema en discusión ahora pasa por lo que sucederá con los haberes de setiembre a diciembre.

«Nos parece que tenemos que evitar poner en la postura de tener que hacer juicio a todos los empleados públicos y a los jubilados. No nos parece justo», señaló Eduardo Duhalde ayer en Salta al ser consultado sobre el tema, y agregó que «el ministro Lavagna está buscando la manera de hacer frente a esa obligación del Estado».

Ayer hubo una extensa reunión en el Palacio de Hacienda en la que funcionarios del Ministerio de Trabajo y representantes sindicales conciliaron cifras sobre el costo fiscal que tiene la restitución de 13%. «Por mes, significa una erogación de 112 millones de pesos para los jubilados y de 48 millones para los trabajadores estatales (los del Poder Ejecutivo)» aseveró anoche a este diario Andrés Rodríguez, titular de UPCN (Unión Personal Civil de la Nación). Con respecto al retroactivo acumulado desde julio del año pasado, Rodríguez aseveró que «lo que nosotros exigimos es que si es con bonos, que sean a valores reales y que tengan el menor plazo posible». Al mismo tiempo, fuentes del Palacio de Hacienda insisten en que la devolución del retroactivo recién sería a partir del próximo año y en cuotas.

Al término de la reunión, que se desarrolló en el Palacio de Hacienda, la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, destacó que en «uno o dos días» el gobierno nacional decidirá la forma en que restituirá el porcentaje. «La decisión a tomar es la forma de implementación, pero está claro que se cumplirá con el fallo de la Corte», aseguró la funcionaria.

«El mandato de esta reunión era consensuar los números, ahora hay que hablar con la ministra (de Trabajo, Graciela Camaño), y en uno o dos días se reunirá el poder político y resolverá definitivamente como se implementará», agregó.

Además Rial aseguró que «se tratará de dejar de descontar el 13 por ciento, en lo posible a la mayor brevedad, para que el trabajador y el jubilado empiecen a sentir en su bolsillo la mejora, y buscar después una forma de financiamiento en el Presupuesto de 2003».

El costo fiscal total de devolver 13% según las cifras ya conciliadas y contabilizando todas las áreas del sector público (no sólo el Ejecutivo) es de $ 191 millones mensuales de los cuales $ 79 millones corresponden al Poder Ejecutivo y $ 112 millones a la ANSeS. La intención es dar cierta prioridad en fecha de pago los $ 112 millones de la ANSeS. De ese monto, $ 70 millones son para los jubilados y pensionados, $ 20 millones por asignaciones familiares, $ 11 millones a las fuerzas armadas, $ 5 millones a la Policía, $ 1 millón a Prefectura, $ 1 millón al Servicio Penitenciario y $ 1,5 millones a Gendarmería. En cuanto a los $ 79 millones del Poder Ejecutivo, en realidad las necesidades de caja son $ 50 millones porque el resto es de organismos autárquicos y se desconoce si corresponde el reintegro debido a que muchos organismos no realizaron el descuento de 13% sino que utilizaron partidas presupuestarias para gastos corrientes. El total de $ 79 millones se divide en $ 48 millones a empleados estatales del Ejecutivo y contratados, $ 3,8 millones del Poder Legislativo, $ 6 millones del Poder Judicial, $ 1,4 millón al Ministerio Público y $ 19 millones a las universidades nacionales.