El radicalismo anunció ayer que presentará una acción de amparo ante la Justicia «para revisar las designaciones efectuadas por la virtual interventora del INDEC Beatriz Paglieri y frenar aquellas que no han cumplido con el correspondiente concurso según la ley y el decreto reglamentario». Ese fue el resumen final de la audiencia pública que prácticamente toda la oposición llevó adelante ayer en el Senado, sobre la crisis en el INDEC.
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Junto con esa medida, los senadores y diputados anunciaron que impulsarán la creación de una comisión de seguimiento del funcionamiento de ese organismo.
«Paglieri ha incumplido con la ley, en sus artículos 3º, 10 y 13, por la intromisión en el máximo organismo estadístico nacional de personas no capacitadas y sin concurso, en especial en el área sensible de Ingreso de Datos, donde de 7 personas habilitadas, 3 han sido desplazadas y se han incorporado 3 nuevas, entre los que se cuenta uno de sus custodios», denunció el radical jujeño Gerardo Morales.
Advertencia
Junto a este legislador, Ernesto Sanz, presidente del bloque UCR, advirtió: «Vamos a conformar una comisión permanente con participación del Poder Ejecutivo y legisladores de ambas cámaras del Congreso, junto a personal técnico, instituciones de la sociedad civil, economistas y expertos en políticas sociales para definir cuáles han sido las deficiencias reglamentarias de la institución y llevarlas a un proyecto de modificación de la actual ley del INDEC».
En la audiencia, que comenzó por la mañana, no estuvieron presentes los funcionarios removidos de ese organismo, como Beatriz Bevacqua, por expresa instrucción de sus abogados.
Pero durante horas pasaron por esa tribuna desde los sindicalistas que representan a empleados del organismo hasta economistas y representantes de toda la oposición.
Entre los expositores, Jorge Todesca, ex ministro de Economía de Buenos Aires, sostuvo: «Antes de los cambios producidos en la metodología de medición del índice de precios, ya había manifestaciones de baja credibilidad; sin embargo, resulta llamativo que el INDEC permaneciera callado, sabiendo que estas polémicas suceden en otras partes del mundo».
Jorge Sarghini, del Justicialismo Nacional, distribuyó cargas: «Se ha producido un retroceso al respeto de las instituciones y esto está relacionado con una errónea política del control de la inflación y de los precios. Lo grave es que el gobierno cree en esta política de control», sentenció.
Por el PRO, Pablo Tonelli denunció: «Se ha producido una injerencia del Poder Ejecutivo en el INDEC, algo parecido a una intervención. Trabajamos en un proyecto que impulsa un INDEC autárquico, que pase a estar dirigido por autoridades públicas, elegidas por un concurso transparente».
Abel Viglione, en representación de FIEL, explicó que «en la Argentina no se cumple con las fechas estipuladas para la realización de los censos, y hay desidia por parte del Poder Ejecutivo por no cumplirlas. «Existe la tentación del poder por controlar las estadísticas, y para contrarrestar ello hay que dejar que las cifras lleguen rápidamente al público, sin interpretación de los políticos», dijo el economista.
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