Inhibición de bienes fallida facilita táctica de vaciamiento

Economía

Demora en medida cautelar permite a controlantes desprenderse de activos por fuera del control judicial. Contradicción del juez con causa Oil.

Recién aterrizada en los despachos de la Cámara Federal, la apelación del fiscal Gerardo Pollicita para que se dicte una inhibición general de bienes sobre todo el Grupo Vicentin tiene por delante todo un trámite de revisión, sin plazos prefijados. Esa ventana temporal que se abrió tras la negativa del juez Julián Ercolini de dictar una medida cautelar amplia es la que permite que accionistas y controlantes avancen en un proceso de venta de activos por fuera de control judicial, lo que ya ocurrió con las plantas de Renova, el frigorífico Friar, y se especula que pase con Buyanor.

La advertencia de la fiscalía en su queja, que debe ser revisada por los superiores, se basa en que de esta forma se facilita el eventual vaciamiento de la compañía de sus activos más redituables y con los que debieran responder más adelante en la faceta penal que investiga connivencia de funcionarios públicos del Banco Nación para facilitar líneas de crédito a Vicentin previo a declararse en cesación de pagos. La manera de asegurar esos bienes es mediante el dictado de una inhibición general de bienes o que queden dentro del marco del concurso de acreedores que se tramita en Reconquista. Este último caso no incluye a todo el grupo económico, sino que se centra en la agroexportadora, mientras que en la causa penal, Ercolini rechazó extender un congelamiento de activos aduciendo que estaban inhibidos por el juez del concurso Fabián Lorenzini. Solo incluyó a Algodonera Avellaneda SA. La medida fue dictada a pedido de Pollicita en la causa en la que se investiga el otorgamiento de créditos irregulares a Vicentin por $18.500 millones durante el gobierno de Mauricio Macri. Rechazó extender así una medida de índole patrimonial a otros 26 directivos del Banco Nación y a los integrantes del directorio del holding y sus accionistas.

Pero esta demora en aplicar una restricción al desprendimiento de activos generó la queja de Pollicita quien insistió en pedir una inhibición de todo el grupo Viceniín. “Los funcionarios involucrados cuentan con conocimientos técnicos que les permitirían desprenderse rápidamente de sus bienes”, aseguró sobre los integrantes del directorio del Banco con Javier González Fraga a la cabeza. Sobre los empresarios, y las sociedades dijo el fiscal que “poseen y forman parte de un conglomerado societario de numerosas empresas donde movilizar bienes o dinero, cuentan con una estructura de contadores, escribanos y abogados con capacidad para trasladar dinero, detentan medios económicos y financieros suficientes para costear maniobras que permitan esconder el patrimonio para evitar la acción de la justicia”, por lo que pidió la cautelar respecto de todos los imputados. Ese pronóstico se está cumpliendo con las ventas anunciadas y también con los rumores de más activos en oferta.

La Cámara Federal puede ahora revocar o no lo dispuesto por el juez. Pero también deberá atender uno de los argumentos con los que Pollicita decidió enfrentar a Ercolini exponiendo una supuesta “doble vara” a la hora de adoptar medidas patrimoniales con el caso Oil Combustibles. Allí a idéntico pedido, Ercolini accionó en 24 horas inhibiciones generales de bienes que trabaron el giro ordinario de negocios de la petrolera. Sin embargo, como ejemplificó Pollicita, la causa Vicentin es idéntica. “Disponer una medida cautelar en sede penal existiendo un concurso preventivo abierto y medidas precautorias vigentes ya fue adoptada por V.S. (el mismo Ercolini) en el marco de la causa n° 4943/16 en donde se dispuso la inhibición general de bienes de la firma Oil Combustibles SA el día 13 de julio de 2016”.

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