Insiste el gobierno con que habrá una suba de tarifas

El ministro Roberto Lavagna dijo ayer desde París que las empresas francesas que operan compañías de servicios públicos en el país (las principales son France Telecom, el grupo Suez y Electricité de France), se mostraron «muy razonables», y habrían aceptado que el límite de 10% de aumento está «impuesto por el mercado».

El funcionario dijo también que lo principal para las compañías «es que se iniciara el ajuste de las tarifas», y «a partir del momento en que empezamos, están satisfechas».

A nivel local, Lavagna recibió el apoyo del ministro de la Producción, Aníbal Fernández, quien dijo que resulta «indispensable» aumentar las tarifas de los servicios para mantener la inversión y la calidad del suministro.

Fernández, uno de los funcionarios más allegados a Eduardo Duhalde, dijo que «no es simpático» el incremento, pero «es lógico que sobre fin de este año se revisaran las tarifas», luego de que se trató de resolver las pérdidas que «todos habían tenido» de forma «más o menos ordenada».

• En estudio

Por su parte, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, reiteró que Duhalde «está estudiando» la propuesta realizada por el Ministerio de Economía, pero aclaró que «por el momento» no hay novedades al respecto.

Estas declaraciones habrían pretendido respaldar a Lavagna en sus reuniones con los gobiernos europeos y los principales accionistas de las privatizadas, luego de que el lunes algún vocero oficial dijo que el decreto de suba de tarifas iba a congelarse por un tiempo, para que el público no interpretara que el gobierno se movía por las presiones de las empresas, más concretamente por el apagón del domingo.

Sin embargo, el proyecto de decreto de necesidad y urgencia para electricidad y gas todavía no fue firmado por el Presidente, y crece la sensación de que la iniciativa se anunció sobre todo para que Lavagna la presentara en su gira por Europa.

Para algunos se trata de un problema político, es decir, que el gobierno definitivamente no quiere pagar el costo de subir las tarifas. Pero también es cierto que el decreto, de ser firmado, sería impugnado por la Justicia, por no haberse cumplido con el paso previo de la audiencia pública.

Simultáneamente con este proyecto, el gobierno continúa la vía judicial para que se levante la suspensión de las audiencias para tratar las tarifas de gas y electricidad. Si esos debates se realizan, se enmarcarían en las leyes de marco regulatorio de ambas actividades que prevén aumentos por causas objetivas o imprevistas.

Ayer trascendió que la jueza en primera instancia, Claudia Rodríguez de Vidal, que ordenó suspender las audiencias, fue recusada por el Estado por haber incurrido en «prejuzgamiento», de modo que la magistrada quedó apartada del proceso.

• Apelación

Esta jueza suspendió primero las audiencias convocadas por la comisión rene-gociadora de los contratos, y luego las citadas por los entes reguladores de luz y gas por las leyes respectivas, sosteniendo que en ambos casos se violaba la ley de emergencia pública que prevé la renegociación integral de las concesiones, antes de aplicar aumentos de tarifas.

La apelación del Estado por las audiencias de luz y gas ya está en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, pero en caso de que deba volver a primera instancia, ya habrá otro juez sorteado para reemplazar a Rodríguez de Vidal.

La Cámara no tiene plazos previstos para expedirse sobre si ratifica o no la medida cautelar dictada por la jueza, pero en un plazo más breve podría responder si acepta el pedido del ente regulador del gas para que se suspenda el efecto de la medida cautelar y se permita realizar las audiencias, mientras se resuelve si corresponde aplicar aumentos por la ley del gas, estando vigente la ley de emergencia pública.