El proyecto ahora presentado, con la firma de la duhaldista Mirta Rubini y el santacruceño Varizat, establece el pago a los municipios de un canon de 2% de la facturación anual de las empresas telefónicas por la utilización de su espacio aéreo y reduce ese porcentaje a 1% cuando se utilice el espacio público subterráneo «a fin de evitar la polución visual que genera el cableado aéreo», según sostiene la iniciativa. Ese impuesto será percibido por cada una de las administraciones comunales por donde pase el cableado. Rubini decidió reproducir el proyecto incluyéndole algunos agregados que aseguran la forma de recaudación, como la distribución de los fondos provenientes del canon.
Y tal como sucedió en el primer intento de sancionar el polémico proyecto, se aclara expresamente que el canon «no podrá trasladarse a los usuarios», es decir, que la empresas telefónicas deberán asumir el aumento de costos sin elevar la tarifa.
La AFIP «se encuentra habilitada para reclamar extrajudicialmente y perseguir judicialmente los montos adeudados» y establece que el dinero recaudado por los municipios deberá ser destinado «a proyectos eminentemente productivos generadores de empleo».
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