Intenta el gobierno destrabar conflicto por pago de semillas

Miguel Campos

El gobierno tratará de destrabar el conflicto planteado con el sector semillero luego de que la empresa Monsanto comenzara a parar barcos en Europa e iniciara presentaciones judiciales con el fin de cobrarse la patente por el gen RR que no registró oportunamente en el país.

Ante la inminente avalancha de exportaciones de soja y el mayor riesgo para los exportadores de que la empresa estadounidense frene los embarques en puertos europeos, la Secretaría de Agricultura ( SAGPyA) publicará la resolución sobre «uso propio» de semillas que tiende a descomprimir la relación con los semilleros, aunque no ataca los problemas de fondo de la «guerra por las semillas» que ya arrastra más de dos años.

La resolución de la SAGPyA limitará el derecho al «uso propio» de los productores, el que admite guardar parte de su cosecha para utilizarla como semilla al año siguiente. La nueva norma prevé que el productor pueda guardar la misma cantidad de bolsas que compró en la campaña anterior y estipula que pagará un canon por el excedente que destine a la siembra y que no cuente con el certificado de compra. Para los pequeños productores, en tanto, prevé una restricción gradual.

Excepciones

Si bien la disposición que respalda el derecho de los productores de guardar parte de su cosecha para utilizarla en la siembra próxima ya rige por la Ley de Semillas N° 20.247 (destinada a proteger a los obtentores), en el articulado se emiten excepciones que generan controversias. De hecho, durante los últimos años se han generado pujas entre los semilleros y los productores por el uso de semilla certificada y fiscalizada, y por el volumen que los agricultores guardaban para su reproducción. Así rigió de facto la «regalía extendida» con la que los semilleros condicionaban a los productores que querían guardar semilla para el «uso propio». Algunas empresas, como por caso, Nidera, llegaron a intimar a los productores y a hacerles firmar con las ventas cláusulas de propiedad. «Las semillas que el agricultor paga no son de su propiedad, sino que siguen siendo exclusiva propiedad de la empresa», se les aclaraba. Ante estas denuncias, el gobierno intervino en una discusión que, luego de muchas instancias de debate, concluyen en esta resolución. Pero los analistas indican que «la nueva medida no les da nada a los semilleros y sólo tiende a disfrazar una solución a una cuestión más grave: la forma unilateral de Monsanto de paralizar barcos». Una decisión que aún se mantiene y que ha afectado el precio que recibe el productor por su soja (por el riesgo de exportación).

Los máximos representantes de los semilleristas ya se habían encontrado con Miguel Campos en un almuerzo que el empresario Félix Lanusse (Satus Ager) había organizado en su planta de acopio, en Salto, diez días atrás. Allí le advirtieron que la limitación del uso propio no alivianaba las presiones contra su sector y le recriminaron al gobierno otra medida, la Resolución 71 que autorizó la inscripción de maíces resistentes a glifosato con el gen GA21 «violando los procedimientos habituales».