Se acabaron los «jubilados» que trabajan para el Estado: un decreto firmado ayer por Fernando de la Rúa -y refrendado por su jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y la titular de la cartera laboral, Patricia Bullrich-impide que quienes perciban un haber previsional desempeñen labor paga alguna en organismos oficiales.
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La norma, que lleva el número 894/01, dispone que «el desempeño de una función o cargo remunerado o prestación contractual, con o sin relación de dependencia bajo cualquier modalidad en la Administración Pública Nacional, es incompatible con la percepción de un beneficio previsional o haber de retiro proveniente de cualquier régimen de previsión nacional, provincial o municipal».
Para quienes gocen de este doble ingreso, habrá treinta días a partir de ayer para optar entre el cobro de la jubilación o pensión (y seguir trabajando gratis para el Estado) o pedir la suspensión de el beneficio previsional y continuar cobrando el sueldo o contrato que remunera su tarea. Para el personal que se incorpore a la administración pública a partir de la entrada en vigencia del decreto, el plazo para optar será de 15 días.
Además, todos los empleados de la administración pública nacional deberán presentar una declaración jurada de no estar incursos en la incompatibilidad que crea el decreto; quien la falsee será cesanteado.
El decreto de ayer modifica el régimen de incompatibilidades y acumulación de cargos creada por el N° 8.566/61, régimen que -de acuerdo con los considerandos de la norma sancionada ayer-«se fue debilitando con el dictado de sucesivas normas modificatorias, complementarias y de excepción».
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