Justo pedido por lavado de dinero, objeto de una manipulación política

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, máxima autoridad mundial en el combate del lavado de activos) analizará hoy en su reunión plenaria en París la situación del combate al lavado de dinero en la Argentina. La situación no será cómoda para los delegados del país: deben conseguir, una vez más, que el organismo no incluya a la Argentina en la lista de estados no confiables -lo que repercutiría negativamente en el futuro- por no haber cumplido con las lógicas recomendaciones que el GAFI impuso hace ya un año y medio. El primer impacto en un país declarado «no confiable» por el GAFI es siempre una restricción en las inversiones.

Uno de los puntos que el gobierno de Néstor Kirchner debía mostrar eran los avances en la modificación de la Ley de Lavado de Dinero, que introduce el levantamiento del secreto bancario y bursátil sin intervención judicial ante un requirimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) que depende del Ministerio de Justicia. La resistencia del Congreso no es para favorecer al narcotráfico sino por el uso político de medidas así en un gobierno ideologizado y con tendencias hegemónicas. El proyecto fue votado en Diputados pero espera desde hace meses en el Senado, que sigue intentando sancionar otra idea propia. A todo esto, se suman ahora las sospechas por el cambio de conducción en la UIF que actualmente conduce Alicia López, pero con mandato que vence a fin de año. (Ver nota aparte.)

La UIF actúa ante denuncias de las propias entidades financieras por operaciones sospechadas de lavado y en la actualidad puede requerir información de clientes a bancos, sociedades de Bolsa, agentes de cambio y hasta casinos, pero levantando el secreto bancario y bursátil siempre previa autorización del juez a cargo de la causa. La ley que la Argentina debía mostrar en esta reunión del GAFI incrementa los poderes de la UIF e incluso endurece algunas penas en lo relativo a quiénes y cómo están obligados a informar el conocimiento de operaciones sospechosas y las exenciones a esa norma. Y esta es la oportunidad que se toma para cambiar el control del organismo.

• Terrorismo

El GAFI le exigió a la Argentina ya en octubre de 2004 y febrero de este año, que también se perfeccionara la legislación en el Código Penal en relación al combate del financiamiento del terrorismo, trasladando en la práctica a ese Código el acuerdo internacional que la Argentina firmó en ese sentido y que el Congreso recién ratificó este año, de manera de quedar más cerca de los lógicos controles de países avanzados.

Cuando el proyecto original se votó en Diputados no hubo acuerdo en un punto que suele ser complicado en todos los países donde se lo debate: la definición de qué es terrorismo. De acuerdo con algunos estándares internacionales hasta la acción de piqueteros hubiera quedado incluida en las sanciones. Tal fue el revuelo político, que los diputados decidieron dividir el proyecto y votar sólo el levantamiento sin pedido a juez del secreto bancario y bursátil, dejando también a resguardo el secreto fiscal, ya que la AFIP se negó a levantarlo.

Pero en el Senado la ley volvió a trabarse y el país perdió su seriedad. Detrás de toda la cuestión existe una puja entre la UIF, el Ministerio de Economía y el Banco Central -aunque integren ese cuerpo representantes de ambos organismos por tomar más poder para manejar información del sistema financiero. Por lo tanto, dicen en el Senado, mientras no se pongan de acuerdo los tres organismos, en lo que se le va a reconocer por ley a la UIF no se va a poder levantar el secreto o, mas técnicamente, los bancos seguirán oponiendo la reserva de datos de sus clientes si no es un juez quien se los pide. Además, en medio de la campaña electoral sería imposible que los senadores votaran, aunque fuera de apuro y para evitar sanciones, la ley que pide el GAFI.

Este organismo internacional comenzó su asamblea en París el martes pasado y terminará mañana. Junto con la evaluación del caso argentino se pondrá sobre la mesa la situación de México para saber si algunos de los dos países cumplió con las recomendaciones que se hicieron en 2003 en informes sobre la lucha contra el lavado de dinero.

Para defender a la Argentina, el jefe de la Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, que forma parte de la delegación en la sesión, explicará que se ha avanzado mucho en la lucha contra el blanqueo de dinero, en particular el control de las sociedades anónimas y la transparencia sobre sus propietarios, pero reconocerá que restan reformas por hacer.

Para salvar los incumplimientos, Fleitas recurrió a una curiosa figura recordando el rigor que significa ser país miembro de este organismo intergubernamental y que uno de los objetivos del cumplimiento de las metas que establecen sus expertos es ganarse la confianza de la comunidad financiera internacional, que puede servir para atraer inversores.