El lanzamiento del plan aparece en momentos en que según los datos oficiales del Ministerio de Economía, el nivel de evasión en los aportes a la seguridad social (variable relacionada directamente con el trabajo ilegal), alcanza a casi 75% de los empleados privados; incluyendo tanto los trabajadores en relación de dependencia como los autónomos. Las cifras también son avaladas en general por las estimaciones privadas, fundamentalmente por las Administradoras de Fondos de Pensión (AFJP). Donde no hay acuerdo es en dónde se concentra esa evasión. Desde el gobierno se asegura que los responsables son «las corporaciones», mientras que los privados aseguran, que si bien hay casos dentro de las grandes empresas, el principal problema es la influencia de la crisis económica dentro de las pymes que recurren a este tipo de evasión para poder subsistir.
Además se espera que desde el Congreso se aprueben una serie de leyes que incrementen el poder de sanción contra el sector privado por este tipo de delitos. La primera reforma incluye la autorización para que cuando se encuentren empleados sin sus papeles en orden, y para casos extremos, los inspectores puedan aplicar clausuras. Actualmente esta facultad sólo rige cuando la evasión es impositiva, pero está prohibida para la previsional.
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