Después de más de una década de normalización institucional y financiera, nuestro país entró en default. Muchos festejaron esta medida pensando que sus consecuencias no nos afectarían, que estábamos frente a un hecho de soberanía nacional y que alegremente dispondríamos de recursos para seguir dilapidándolos como se hizo con nuestras reservas y nuestro crédito público en los últimos años.
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Pero el default declarado a fines de diciembre del año pasado fue mucho más que un default sobre nuestros acreedores externos, fue un default al salario y a las jubilaciones. Fue el principio del fin de la convertibilidad, y con ello el default a los argentinos que en su mayoría fueron afectados, en particular los de menores recursos.
El default se realizó sobre el salario cuando los trabajadores vieron licuarse el fruto de su esfuerzo en cuentas de remuneraciones congeladas. El salario medio de la economía, que era de más de 600 pesos o dólares en el año 2001, bajó a 400 pesos o a 128 dólares en abril de 2002. En términos de alimentos, el salario perdió aproximadamente 65% de su poder adquisitivo en lo que va del año, muy cercano a la devaluación del peso (de aproximadamente 72%: o sea, antes, con un peso se compraba un dólar, ahora con un peso se compran 27 centavos de dólar).
El default se realizó sobre los jubilados, repudiándoles el principal activo con el cual pensaban cobrar sus jubilaciones. El 50% de los fondos de jubilaciones administrados por las AFJP está invertido en títulos públicos nacionales y 10%, en bonos provinciales. La mayor parte del saldo, en fondos comunes y en plazos fijos. El default es por lo tanto un serio golpe a las futuras jubilaciones y pensiones de los trabajadores.
El default se realizó sobre los ahorristas y depositantes del sistema financiero que les confiaron sus recursos a bancos que adquirieron con el ahorro de la gente los bonos que alegremente se repudiaron.
• Desconfianza
El default se realizó sobre todos los argentinos, al incrementarse drásticamente el peso de nuestra deuda externa. El default viene acompañado de una corrida bancaria que termina en una devaluación. La Argentina, con la casi totalidad de su deuda en moneda extranjera, se alejó de la posibilidad de cumplir con los compromisos profundizando la desconfianza de los mercados. Nuestra deuda pública llegaría, a fines de 2002, a casi 148.000 millones de dólares, lo que representa 154% del PBI, contra 58,3% que significaba antes de la devaluación.
Las tasas de desempleo (22%), el índice de pobreza (53%) y el de indigencia (25%) son la consecuencia del default y de la política económica del gobierno.
Este dramático estado de cosas nos coloca hoy ante la opción de seguir festejando el default, acompañando la inconsciencia, o, como yo propongo, transitar una vía que nos permita nuevamente respetar la racionalidad, tanto del ahorro como de la creación de riqueza, de la estabilidad del salario y del empleo, de la seguridad jurídica del crédito y de la inversión.
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