La reacción del campo es sólo la punta visible del iceberg. El grave problema lo constituye la política de precios que se ha llevado desde fines de 2005, que ha sido autoritaria, prepotente, y fundamentalmente ineficaz para contener la inflación.
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Las primeras agresiones al campo tuvieron lugar a fines de 2005, cuando se decidió prohibir las exportaciones de carne. Desde entonces ha habido una serie de medidas que afectaron específicamente a ganaderos, tamberos, productores de trigo, y finalmente a los sojeros, con el último incremento de las retenciones. Por encima de la magnitud que implicaba ese 44% de retención anunciado el 11 de marzo, les resulta a los hombres de campo inaceptable la «movilidad» que opera como un precio máximo, generando desaliento, y una enorme vulnerabilidad en un contexto inflacionario, y con el tipo de cambio planchado.
Por estos motivos, y cansado de promesas y discursos, el sector agropecuario ahora pretende no sólo la revisión de las medidas recientes, sino también la discusión de una política agroindustrial de largo plazo, que esté por encima de las preocupaciones mediáticas. En otras palabras, el campo no quiere cargar sobre sus espaldas el convertirse en la variable de ajuste de la política de estabilización, ni tampoco acepta ser considerado el contribuyente «de última instancia» para equilibrar la caja fiscal, y poder así seguir financiando los subsidios, y la «construcción de poder político».
El campo reconoce, y lo ha demostrado, la existencia de una enorme pobreza en nuestro país, y acepta que no puede haber una isla de prosperidad en un mar de pobreza. Sabe que eso no es socialmente, ni políticamente, aceptable. Pero reclama que el subsidio a los pobres, tanto en educación y salud, como en transporte y alimentación, sea una responsabilidad del gobierno, financiado por todos. No puede ser que los productores de pan, carne o leche sean vistos como los enemigos de la sociedad porque hay chicos con hambre.
Por el contrario, habría que alentar aumentos en la producción de estos alimentos básicos, y simultáneamente distribuir entre los más necesitados los recursos para poder adquirirlos, como se hace en los países mejor organizados, y menos populistas.
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