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Todos los legisladores recuerdan las palabras de Roberto Lavagna durante un encuentro íntimo la semana pasada cuando se refirió a otro problema en torno al proyecto. «Este presupuesto está hecho en base a un acuerdo con el Fondo. Si no hay acuerdo, este presupuesto no sirve para nada». Así son demasiados ya los temas fuera del Congreso que pueden hacer naufragar el tratamiento presupuestario.
Lo cierto es que fuera por un necesario aumento de la emisión para financiar la devolución de los depósitos -lo que modificaría la regla monetariao por el lanzamiento de un hipotético plan de bonos -obligaría al Congreso a autorizar el mayor endeudamiento-, cualquier salida tiene que pasar por el Presupuesto Nacional. «Y no sólo es la emisión. Se hizo una pauta monetaria con un tipo de cambio, medianamente racional y en base a eso hay un cálculo de gastos. Pero si la Corte toma esa decisión cambia todo», explicaba ayer Lamberto.
Algo similar ocurre con la negociación de un acuerdo con el FMI. Hasta ahora la posibilidad de un acuerdo está incluida en el Presupuesto 2003. Y eso incide en los fondos para financiamiento de programas sociales y esencialmente en el volumen de los servicios de la deuda. Otro punto que puede cambiar si el gobierno no define la cuestión.
Dentro de las peleas de último momento, un clásico de los debates presupuestarios, apareció ahora la voracidad por encontrarle un destino preciso a la reserva de $ 3.500 millones que el gobierno había incluido originalmente para darle aire al nuevo presidente y algún margen de maniobra con el gasto en 2003.
El FMI ya dejó en claro que esos fondos deben descontarse del déficit programado para el año próximo y que, por lo tanto, no pueden estar disponibles. En el Congreso, por el contrario, no quieren utilizarlos como recorte sino ponerles nombre y apellidos y destinarlos a distintos gastos. Detrás de esa idea están muchos gobernadores que quieren reasignarlos a fondos provinciales, que fueron recortados en los últimos años.
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