El Correo Argentino pidió ayer su concurso preventivo, con la obvia intención de obtener una modificación de las condiciones contractuales de la concesión, y luego de acumular con el Estado una deuda por cánones impagos de u$s 258 millones.
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A pesar de que en el comunicado en el que oficializó su convocatoria de acreedores no revela el total de sus pasivos, los mismos totalizarían una suma superior a los u$s 400 millones; lo que no se le debe al Estado en concepto de cánones corresponde a deudas bancarias, previsionales y fiscales.
Lo cierto es que la convocatoria llega dos días después de que el gobierno intimara al Correo, por primera vez en dos años, a pagar el canon bajo amenaza de hacer caer la concesión. En su comunicado, la empresa en la que SOCMA tiene como socios minoritarios al Banco de Galicia (además, uno de los principales acreedores del Correo), la Corporación Financiera Internacional (brazo del Banco Mundial para inversiones en empresas privadas) y los empleados, a través del Programa de Propiedad Participada (PPP), afirma que la medida tomada ayer «tiene como objetivos principales asegurar la continuidad eficiente de la totalidad de las prestaciones del servicio público y universal del Correo Oficial, mantener las fuentes de trabajo, alcanzar un acuerdo satisfactorio con los acreedores y lograr que el Estado cumpla con sus compromisos y asegure las condiciones igualitarias de competencia que establece el pliego de licitación».
El comunicado repite los conocidos argumentos que viene esgrimiendo la gente de Macri en relación con los cuatro elementos que vienen causando pérdidas operativas para el Correo: la «asimetría laboral» con la competencia, la falta de control a los correos «truchos», el hecho de permitir que los correos privados emitan estampillas, y que esos mismos correos puedan desarrollar productos «fedatarios» (cartas documento, notificaciones fehacientes, telegramas colacionados, etc.).
Dado que una de las condiciones que prevé la concesión como causal de rescisión del contrato es justamente la convocatoria, la movida de SOCMA puede considerarse una presión sobre el gobierno. Fuentes de SOCMA admitieron que se trataba de «un riesgo calculado, sencillamente porque así no se puede seguir: hemos puesto dinero, invertido más de lo que nos obligaba el contrato, y ya no tenemos más plata para ponerle al Correo».
A pesar de este negro panorama que pintó el informante, dijo también que «nuestra intención es seguir adelante con la empresa, claro que en otras condiciones».
Según gente del mercado, consultada por este diario, hoy para ser operador del Correo Argentino el canon oscilaría entre u$s 35 y u$s 50 millones al año. El canon pactado por el grupo ganador de la concesión asciende a u$s 102 millones anuales, que se dejó de pagar hace dos años y medio.
El concurso preventivo le abre a SOCMA la posibilidad de seguir operando el Correo, pero ya sin necesidad de hacer frente a los pagos pactados con sus acreedores, renegociar sus convenios colectivos y hasta lograr una quita importante en la deuda que mantiene con el Estado, lo que a su vez abriría la puerta a una reducción del canon hacia adelante.
Quien sí habló fue Jorge Radivoy, CEO de OCA, la principal competidora del Correo, quien dijo a este diario: «Si se abre una licitación nueva, participaremos. Quisimos comprarlo, pero decidimos abandonar la operación cuando vimos irregularidades administrativas que nos hicieron desistir».
Radivoy se mostró «indignado» con el pedido de concurso: «Dejarán de pagar sus deudas y se limitarán a hacer caja.
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