La disputa alrededor de la Ley de Abastecimiento

El G-6 sostiene que esta ley es anti-empresa y amenazan con el fantasma de la desocupación.

Por Camila Matrero (*)

La judicialización de la capacidad estatal de hacer política es la estrategia que desempeña el capital concentrado del siglo XXI. El poder judicial aparece, para los sectores dominantes, como la última trinchera desde la cual se puede resistir los avances democráticos, participativos, y distributivos que encabezan el ejecutivo y legislativo, como auténticos representantes de la soberanía popular.

El G-6 conformado por la Unión Industrial Argentina; la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino; la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; la Cámara Argentina de Comercio; la Cámara Argentina de la Construcción; y la Sociedad Rural Argentina; adelantó que pretende iniciar acciones en la Justicia para declarar la inconstitucionalidad de las reformas efectuadas a la Ley de Abastecimiento.

En la práctica, las modificaciones realizadas eliminan el carácter punitivo de la normativa de 1974, descartando la posibilidad de encarcelar empresarios, allanar empresas sin orden judicial, intervenir temporalmente en la explotación/producción de las mismas, disponer de los bienes de producción y comercialización y demás atribuciones contempladas en la legislación anterior.

Los cuestionamientos hacia una normativa más benévola, entonces, indican la falta de vigencia de las regulaciones anteriores, que además eran mucho más restrictivas. Es decir, ni el empresariado se regía acorde a la ley (la cual fue restablecida en 1999, luego de su interrupción durante la década del 90´ por el Decreto de Desregulación Económica) ni consideraba que el Estado podía llegar a aplicar las sanciones previstas.

Y probablemente tenían razón, por más legislación plasmada que se pueda llegar a tener, si en la arena política no está asegurada la correlación de fuerzas necesaria para ejecutarla, se convierte en letra muerta. Por este motivo, la discusión en el Congreso de la Nación de este paquete de leyes que regulan las relaciones de producción y consumo, contribuyó a generar consenso social sobre la necesidad de ejercer mayor control público sobre la formación de los precios y la circulación de los bienes esenciales que consumen los argentinos, sea de manera directa o indirecta.

Tenemos que tener en consideración las características estructurales que detenta la economía argentina, su condición esencialmente privada y concentrada en grupos monopólicos u oligopólicos, que controlan sectores claves de la producción de insumos para la industria y bienes masivos de consumo popular.

Con nombre y apellido: Siderar, controla la producción de chapas del país. Dow Argentina, controla toda la fabricación de polietileno, y Dak Americas, toda la producción de PET, ambos, insumos clave para la industria plástica. Aluar, hace lo propio con el aluminio y entre 4 empresas (Loma Negra, Holcim, Avellaneda y Petroquímica Comodoro Rivadavia) se produce todo el cemento argentino. Todos estos insumos son indispensables para la producción en diversas ramas de la actividad, que van desde la industria automotriz, la construcción, la industria metalmecánica, la producción de envases plásticos y demás productos. Por este motivo, la escasa o nula competencia permite a estas empresas formar y fijar sus precios (con criterios especulativos y no basados en la realidad) y así incidir en los costos de las demás.

Lo mismo sucede con los principales bienes de la canasta básica familiar: Bimbo controla el 80% de la producción de panificados a través de las marcas Fargo, Bimbo y Lactal; Mastellone/La Serenisima y Sancor producen el 82% de la leche que consumimos en el país; Bagley y Kraft, detentan el 60% del mercado de galletitas; Coca Cola y Pepsi controlan el 82% del mercado de gaseosas; y 4 empresas (Unilever, Johnson & Son, Procter & Gamble y Reckit Benckiser), hacen lo propio con el 83% del mercado de productos de limpieza y perfumería. En estas condiciones, dejar al mercado autorregularse, es igual a beneficiar lisa y llanamente a los actores más poderosos de una estructura económica de por si desigual.

El G-6 sostiene que esta ley es anti-empresa y amenazan con el fantasma de la desocupación, cuando fueron las leyes de desregulación económica y precarización laboral (que en teoría harían al país más atractivo a la inversión extranjera) las que produjeron el desastre social más profundo que padeció la Argentina en sus últimos años. La nueva legislación no puede ir contra el capital in situ, porque en ningún momento cuestiona los basamentos estructurales de la razón social e histórica de la empresa de existir como institución privada. No impugna la propiedad privada de los medios de producción (por mas que Etchevehere diga lo contrario); sino, más bien, su capacidad política de incidir en la conducción estratégica de la política económica de un país.

Ante un escenario de manipulación y especulación constante en la formación de precios, resulta imperioso que el Estado, en representación del interés común, disponga de los instrumentos necesarios para evitar que se generen estas distorsiones en el mercado y, así, evitar la desestabilización económica que en definitiva perjudica al consumidor final.

(*) Integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP)