La Justicia podría frenar entre hoy y mañana las audiencias públicas convocadas para el miércoles y jueves con el propósito de debatir un aumento «de urgencia» en las tarifas de electricidad y gas.
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Esto es así porque la semana pasada asociaciones de consumidores y la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, solicitaron en el fuero contenciosoadministrativo que se declare «ilegal» la convocatoria a las audiencias impulsadas por el Ministerio de Economía. Lo hicieron dentro de un proceso sumarísimo requiriendo una «medida cautelar autónoma», lo que puede resolverse en pocas horas. Según Oliveira, la convocatoria es «claramente ilegal pues viola la Ley de Emergencia Económica que dispone la renegociación de los contratos a raíz del cambio de reglas económicas, y no un aumento tarifario como cuestión única e impostergable».
A este cuestionamiento se une el formulado por el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quien anticipó que «antes o después de realizarse las audiencias, las impugnaremos en sede administrativa y judicial porque carecen de validez legal».
• Leyes marco
Según Mondino, los aumentos de urgencia debieron ser tratados por los entes reguladores según las reglas que fijan las leyes de marco regulatorios de gas y electricidad. En su opinión, esos incrementos no pueden ser considerados por «la comisión renegocia-dora de los contratos porque ésa no es la facultad que le otorgó la ley de emergencia pública».
• Solicitudes
El proceso tiene además otras desprolijidades, ya que no fue llamado por resolución oficial, no hay cuadros tarifarios, sino solicitudes de aumentos de tarifas, sin que se sepa cómo impactarán en las facturas de los distintos tipos de usuarios. Lo único que el gobierno dejó en claro la se-mana pasada es que las subas no alcanzarán a los usuarios de menores consumos.
La convocatoria a las audiencias suscita reservas en los entes reguladores de luz y gas, cuyos directorios colaboran en el proceso, pero se negaron a presidir las audiencias, y provocan preocupación en las empresas privatizadas. Estas creen que tendrán una alta exposición pública y que «difícilmente las subas no terminen frenadas en la Justicia».
Por su parte, el Ministerio de Economía dijo en un comunicado que cuenta con la colaboración de los entes y que hubo una amplia difusión de las audiencias a través de avisos y edictos en diarios de circulación nacional.
También indicó que requirió la colaboración de los ministerios de Justicia e Interior para que se adopten previsiones que garanticen el «normal desarrollo de los debates». Además, el Palacio de Hacienda dijo que efectuó una presentación ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 12, para que el magistrado «disponga las medidas que estime conducentes para preservar el desenvolvimiento de las audiencias a celebrarse».
