La Justicia podría parar la iniciativa

El decreto de necesidad y urgencia fijando suba en las tarifas de los servicios públicos es débil desde el punto de vista legal, por lo cual la Justicia podría por lo menos suspenderlo en pocos días.

Si bien la Corte Suprema reconoció, sobre todo en el caso del rebalanceo de las tarifas telefónicas, el derecho del Poder Ejecutivo a fijar tarifas, ni aun el máximo tribunal podría aceptar que haya aumentos sin cumplir el artículo de la Constitución nacional que establece el derecho de participación de los usuarios de los servicios públicos.

En este caso, la situación tiene la particularidad de que fue la propia Justicia la que suspendió las audiencias públicas convocadas para cumplir el mandato constitucional. Sin embargo, la suspensión de las audiencias se basó en que con las mismas se estaba violando la Ley de Emergencia Pública, que obliga a rene-gociar cada contrato en forma integral antes de definir un aumento de tarifas.

Si la Justicia para ahora el DNU, el gobierno ya no tiene salidas para aumentar las tarifas durante su gestión. La única forma sería una ley que modifique la de Emergencia Pública, pero el acuerdo del Presidente con gobernadores y legisladores excluyó expresamente el tema tarifas, por lo que parece imposible que el Parlamento dé vía libre a los ajustes mediante una ley.