Córdoba (enviado especial) - La Fundación Mediterránea criticó ayer la falta de definiciones del gobierno de Néstor Kirchner sobre el mercado de servicios públicos, y afirmó que un incremento general de las tarifas de 10% sólo provocaría un alza inflacionaria de 2,25% como techo. También criticó la política impositiva del gobierno, aspecto que fue apoyado de manera implícita por el gobernador cordobés José Manuel de la Sota: el mandatario justicialista reclamó que baje la presión tributaria contra la actividad agrícola y contra el resto de los sectores empresarios que -dijo- «nos están sacando de la crisis». De la Sota, reclamó generar un nuevo clima de negocios donde «se premie a los éxitos empresarios, que avanzó más que el sector público». Andrés Chambouleirón, uno de los investigadores del IERAL (el instituto que agrupa a los economistas de la Mediterránea), habló en la apertura de ayer en la conferencia por el 26º aniversario de esa Fundación. Según su análisis, el peor enemigo actual del sector servicios públicos, «luego de la devaluación + pesificación + incertidumbre es la falta de definiciones serias que generaron una paralización total de las decisiones de inversión».
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La salida de la convertibilidad, para Chamboulerión, generó «un efecto devastador sobre este sector» que provocó una caída en la inversión de más de 79% entre el año 2000 y la actualidad. El economista recomendó comenzar lo más rápido posible las renegociaciones con las empresas de servicios públicos, pero acotando el temario sólo a la cuestión de las tarifas y la calidad de las prestaciones y dejando de lado ideas como la de que sea el sector público el que dirija y maneje las inversiones. Para Chambouleirón, avanzar sobre los marcos regulatorios de manera total y modificar las reglas de juego que se gene-raron durante los '90, generaría «hostilidad contra las empresas y provocaría que caiga aún más la inversión».
Sobre los incrementos de las tarifas, el analista presentó cuadros con los que se garantizaría que un aumento generalizado de tarifas de 10% (sin tener incluso en cuenta la aplicación de una tarifa social), llevaría a un alza en la inflación de 2,25% «y en el caso de que las empresas trasladen 100% de los costos a los precios, lo que no ocurre en la realidad». Según el análisis, el alza en los precios de la electricidad sería de 2%, del gas natural de 1,3%, del agua 0,8%, del abono básico de los servicios telefónicos de 0,6%, del correo de 0,1% y del transporte de 6,4 por ciento. Si se quitara del análisis este último rubro, el incremento del IPC sería de 1,5 por ciento como techo.
Por su parte Fulvio Pagani al presentar al gobernador, puso a su disposición todas las investigaciones de la Mediterránea, lo que De la Sota aceptó abiertamente porque «se trata de una de las casas de estudios más prestigiosas del país, lo que seguiremos agradeciendo».
En esta nueva etapa, inaugurada según los propios mediterráneos luego de haber cumplido un cuarto de siglo, los economistas de este «Think Tank» (cuyo promedio es de 35 años, lo que habla del intenso proceso de reconversión generacional), se concentran ahora en proponer planes de desarrollo y productividad, fundamentalmente reunidos en el interior del país; pero siempre enfocando los esfuerzos en el rol de la actividad privada y reafirmando que las funciones del Estado son las de garantizar la seguridad jurídica, mantener las reglas de juego claras y sostener la infraestructura básica.
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