La reforma previsional, que ingresó ayer al mediodía al Congreso, deberá esperar turno hasta que sea aprobado el presupuesto 2001. Además de problemas de agenda (no pueden superponerse 2 temas tan importantes y máxime cuando uno de ellos es la ley de leyes), el oficialismo decidió separar ambas discusiones, de manera tal de que las divergencias serias que el nuevo régimen para jubilaciones abrió en el bloque Alianza no entorpezca la imprescindible y urgente sanción presupuestaria.
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Ayer, el jefe radical Horacio Pernasetti salió a confirmar lo que había anticipado su correligionario Eduardo Santín a este diario el domingo: no sólo el Frepaso sino también la UCR se opondrá formalmente a la eliminación del sistema de reparto, propuesta por Fernando de la Rúa.
Atrincherada en su rinconcito de los jubilados, la frepasista María América González le recordó al gobierno que tiene la llave de la reforma. En su carácter de titular de la Comisión de Previsión Social, informó que no tiene prevista «ninguna reunión» para tratar el tema. «Así que, con suerte, citaré para la semana que viene», explicó la diputada quien levantó su cotización al insistir en que «no tengo ningún apuro en estudiar el proyecto del Poder Ejecutivo».
Amenaza
Cuando se le preguntó respecto de la amenaza de que termine con formato de decreto si no se aprueba en el Congreso como anunció el Poder Ejecutivo, González redobló la apuesta. «No sé quién dijo eso, pero a mí no me corre ningún funcionario», replicó.
Con cierto tremendismo -ya probó sus dotes histriónicas al amenazar con renunciar a la banca, si salía por decreto-explicó que de la sanción de la ley «depende el futuro de la Alianza». Aunque subrayó que la entente «no se va romper, porque yo conozco a mis compañeros radicales en este tema, lo hemos hablado en reiteradas oportunidades y sé que va a haber más de uno que nos va a acompañar porque no están de acuerdo». Darío Alessandro salió a respaldarla y consideró «controvertida» la reforma previsional y reiteró que sus subordinados están en desacuerdo «con la eliminación abrupta del sistema de reparto y de la PBU».
Alessandro aclaró que el bloque de la Alianza va a «analizar» la iniciativa oficial, lo que «no quiere decir que la vaya a aprobar tal cual está, pero sí que la va a tratar, eliminando la arista conflictiva del decreto de necesidad y urgencia». En ese sentido, el diputado dijo no querer «minimizar los inconvenientes» que puede tener el tratamiento del proyecto. «Además, tendríamos que analizar el nuevo esquema previsto para el aumento de la edad de la mujer, que sería dado de una forma paulatina y progresiva», aclaró el coordinador de la bancada aliancista. Aníbal Ibarra declaró que «el proyecto trae más problemas que beneficios», si bien negó la posibilidad de «fisuras» en el oficialismo.
La contracara de González en versión masculina y radical, Santín, se prodigó también ante micrófonos varios para señalar que «no hay razones desde el punto de vista del equilibrio económico para eliminar el régimen de reparto. Es una opción válida que han elegido muchos argentinos y por eso hay que mantenerla», concluyó.
A su criterio, como primera medida «hay que resolver conflictos importantes que nos dejó la reforma de 1994, que fue absolutamente desequilibrada no sólo en lo económico sino también en lo social».
Desde el Senado, otro radical, Leopoldo Moreau, apuntó que la privatización total de las jubilaciones sería una medida de «muy dudosa constitucionalidad».
