A la preocupación «off the record» de la Unión Industrial Argentina (UIA) por una posible sanción inconsulta de una nueva ley de riesgos del trabajo a partir de declaraciones del ministro Carlos Tomada, se contrapuso ayer el apoyo manifiesto del otro sector afectado: las ART (administradoras de riesgos del trabajo). En un comunicado firmado por su presidente, Jorge Aimaretti, la UART consideró «impostergable» la sanción de una nueva legislación al respecto, y pidió ésta consolide «un pronto equilibrio de los derechos y obligaciones de todos los involucrados en relación con los riesgos laborales.»
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La UIA y la UART vienen librando una sorda batalla desde que hace casi cuatro años la Corte Suprema habilitó en un fallo la «doble vía» (cobro de la indemnización por accidente de trabajo que fija la ley, con un tope de $ 260.000, y luego acudir a la Justicia reclamando un monto mayor). Los industriales afirman que los únicos perjudicados por la decisión de la Corte son ellos, porque las ART no serían solidariamente responsables de la indemnización que podría fijar un juez; por su parte, las ART piden que si se retocan los máximos indemnizatorios, también los empresarios deberían incrementar sus aportes.
Por eso, y dado que lo que trascendió es que la ley que enviaría el Ejecutivo al Congreso se parecerá mucho al proyecto del diputado por la CGT Héctor Recalde, el titular de la UART dijo: «No podemos dejar de compartir los dichos del ministro ya que cada día que pasa es una postergación costosamente innecesaria». O sea: que salga lo que sea, pero rápido.
Sin embargo, la propia entidad admite -tal como adelantó ayer este diario- que «la incertidumbre normativa respecto de la amplitud de las coberturas y los montos de los resarcimientos ha sumido a la actividad en un contexto de alta judicialidad: para 2008 las estimaciones arrojan el ingreso de algo más de 27 mil planteos judiciales».
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