¿Es razonable en la Argentina hacer un programa de gobierno basándose en la inversión pública cuando al mismo tiempo el propio gobierno frena el restablecimiento de las condiciones para la inversión privada? ¿Nos olvidamos tan rápido de qué nos pasó cuando le dimos la espalda a la inversión privada y priorizamos elefantes blancos que agrandaron los déficit y las deudas futuras? Si hacemos memoria sobre el desempeño de la economía argentina en los últimos 40 años, cuando las restricciones de financiamiento no «mordían» (es decir se «pateaban» a futuro, como ahora) y la inversión pública se desplegaba sin problemas, surge la evidencia de que una parte importante de la inversión pública fue un gasto de muy baja eficiencia que limitó el crecimiento y detrajo recursos productivos. Más bien sólo cuando en los 90 -por más que hoy quiera presentarse como una mala palabra- se hizo espacio a la inversión privada, el crecimiento en la Argentina pudo volver a despegar. Los que tenemos memoria por haber vivido o estudiado el desempeño económico reciente de la Argentina -y no adherimos a las modas de anatemizar a la década pasada inmediata- podemos contribuir modestamente al debate arrojando algunos datos u observaciones.
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La observación más importante es que a la Argentina le fue mal cuando priorizó la obra pública y mucho mejor cuando se dieron condiciones favorables para la inversión privada. Mirando una película que comienza hace más de cuatro décadas, la economía argentina mostró desde 1960 un ciclo pronunciado en la inversión agregada tanto en nivel como en porcentaje respecto del PBI y, desde fines de los ochenta, un cambio también pronunciado de la composición de la inversión, con un fuerte aumento de la inversión privada y caída de la inversión pública. Los grandes movimientos en la inversión bruta interna fija en las últimas décadas se relacionan con los roles cambiantes de la inversión pública y privada. Por un lado el marcado ciclo de la inversión en los años '70 se vio amplificado por la inversión pública mientras que en los años '90 se observa una dinámica de la inversión basada en la inversión privada y que tiene que ver en parte con la privatización de los sectores de energía e infraestructura y en parte con la nueva dinámica del crecimiento en la Argentina.
En las próximas semanas se va a terminar de develar la incógnita sobre si la próxima gestión de gobierno va a intentar el retorno de la Argentina hacia un pasado caracterizado por una economía cerrada, con instituciones económicas de muy pobre calidad y atrapada en el laberinto del estancamiento y la inestabilidad. La baja calidad institucional es sinónimo de inestabilidad contractual y tiene como efecto deletéreo un nivel de inversión privada muy bajo. En una franca negación a intentar resolver este problema, los anuncios recientes apuntan a que el retorno de la inversión pública actúe como motor del crecimiento. En principio la inversión pública es necesaria y la provisión de infraestructura en países como la Argentina tiene que ser un área de importante intervención estatal. El error no es la inversión pública en sí, sino en no ver que la misma va a contribuir sólo en la medida que renazca la inversión privada. Confundir crecimiento con inversión pública es un error que ya nos costó muy caro en la Argentina. Nos estamos olvidando de la experiencia internacional y de nuestro propio pasado desastroso en materia de crecimiento porque no podemos, no sabemos o no queremos restablecer la calidad institucional y contractual en la Argentina. Esta es la verdadera tarea de un gobierno: mejorar las instituciones y bajar los costos de transacción para que vuelva la inversión genuina junto con el empleo genuino.
• Razonamiento
Esta apelación a mejorar las instituciones económicas también se aplica a todos aquellos que duermen en el sueño de la resignación y reflexionan sobre la necesidad de motorizar la inversión pública porque no vamos a tener inversión privada por mucho tiempo, porque el costo del capital para el sector privado en un país en default es muy elevado en relación al costo de obtener fondos públicos por la tributación. Este razonamiento, además de ser una resignación a vivir en un país de baja calidad institucional, es erróneo desde el punto de vista económico. Porque el costo de obtener fondos públicos hoy en la Argentina es astronómico debido a la existencia de impuestos muy distorsivos como las retenciones y a las transacciones financieras. Y porque cualquier otra alternativa de «contabilidad creativa» como apropiarse de los fondos de los contribuyentes a la jubilación privada para financiar inversión pública es cambiar impuestos hoy por impuestos mañana y es esconder el verdadero costo del capital para el sector público aprovechando un financiamiento forzoso basado en el empobrecimiento a largo plazo de todos los que aportan a las AFJP, sean de ingresos altos, medios o bajos. En una palabra, otra expropiación para crear mucho enojo en la clase media, otro Nito Artaza, y menos inversión agregada, lo opuesto a los objetivos de la política de «inversión». ¿O los objetivos son tener más inversión pública «per se» sin importar si es a costo de menor inversión agregada?
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