Pablo Gerchunoff y Rubén Cano son los dos funcionarios en los que está cifrada la polémica sobre la desregulación de obras sociales que hoy envuelve al gobierno. El jefe de asesores del Ministerio de Economía, Gerchunoff, defiende el Decreto N° 446, que suscribieron en su momento su superior José Luis Machinea y el ex vicepresidente Carlos Chacho Alvarez: es la norma que dispuso la desregulación completa de las obras sociales a partir del 1 de enero próximo. Cano es el superintendente del Sistema de Salud y se opone a aquel decreto tal cual está redactado, sensible a los argumentos de empresas privadas que objetan técnicamente el programa de Economía. Claro, Cano esconde detrás de ese tecnicismo su afinidad con el sector sindical que, cualquiera sea el decreto, siempre se negará a la liberación de su clientela cautiva.
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El encargado de zanjar la polémica fue Chrystian Colombo, el jefe de Gabinete, quien adelantó ayer ante este diario que el decreto original será sustituido o complementado por otro. Para evitar susceptibilidades internas, «el Vikingo» Colombo convocó a Economía y Salud para que, bajo su arbitraje, esgriman sus mejores argumentos de tal manera que se eliminen las dificultades de la reglamentación actual.
Sin embargo, con independencia de ese método casi escolástico, Colombo ya tiene opinión formada sobre el problema, como insinuó en el diálogo que publicó ayer este diario. Habrá otra reglamentación para que la desregulación sea «segmentada». Más concretamente: se permitirá la libertad de opción solamente en la franja de las obras sociales de personal de dirección, que son las de afiliados de ingresos superiores. El resto del sistema se desregulará más adelante, si es que se desregula.
El gobierno mira al sistema de cobertura sanitaria con la pretensión de armonizar dos criterios de difícil combinación. Uno es el principio de solidaridad, por el cual quienes el personal de sueldos más altos financian a los que menos aportan y los sanos financian a los enfermos. El otro es el de la libre competencia, por el cual cada uno recibe por lo que paga y debe pagar más si su estado de salud está más deteriorado. El inconveniente que presenta el decreto firmado por Alvarez es que, al desregular todo el sistema, perjudicaría a las prestadoras que reciban más cantidades de empleados de bajos ingresos, a los que se les debería dar un programa médico bastante ambicioso por muy poco dinero.
A su vez, existe un problema de «selectividad negativa» que alarma a las empresas. Se trata de que, habitualmente, quien decide cambiar de cobertura es quien no aprecia la que tiene; esa falta de aprecio se debe a que la conoce; si la conoce es porque la usa con frecuencia; si la usa con frecuencia es porque no está bien de salud; conclusión: generalmente quienes cambian de entidad sanitaria son los más enfermos. Por lo tanto, las entidades receptoras pueden empeorar su negocio con nuevos afiliados, ya que podrían incrementar el gasto de manera inconveniente.
Para corregir aunque más no sea parcialmente estos problemas, el gobierno resolvió liberar para enero exclusivamente las obras sociales del personal de dirección. Se trata de un universo de aproximadamente un millón y medio de afiliados (10% del sistema general), con ingresos totales cercanos a los 2.600 millones de pesos anuales. Como se ve, los beneficiarios de este tipo de entidades son empleados de altos ingresos: por lo menos 5 salarios básicos de convenio.
No caben dudas de que se trata de la porción más interesante del mercado, al menos en términos económicos. Lo que sucederá con ella es que a partir de enero cualquier aportante a estas obras sociales podrá afiliarse a las prepagas o administradoras de salud que se registren para competir. Y viceversa.
El otro mercado que está en discusión no es atractivo en tér-minos económicos (por el nivel de ingresos de sus aportantes) sino por su bajo riesgo. Se trata del de los que acceden a su primer empleo: son sanos, jóvenes y solteros, en su mayoría. Los gremialistas ya plantearon un pedido en torno a ellos: que no puedan elegir entidad para la salud sino después de un tiempo. Es decir: la primera cobertura deberían contratarla en la obra social de su actividad laboral.
Esta exigencia sindical, que el gobierno quiere conceder, beneficiaría a los gremios con una franja muy apetecible de mercado: esos jóvenes, cabe pensar, estarían mucho tiempo aportando sin producir gastos, que es el sueño de cualquier administrador de salud.
Los sindicatos conseguirían con esta cláusula completar lo que ya le arrancaron al régimen militar de Alejandro Lanusse, cuando se creó el PAMI: en ese momento les quitaron a los ancianos (que gastan mucho en salud pero aportan poco económicamente) mejorando la ecuación financiera de sus obras sociales. Ahora, con la exclusividad de los jóvenes, conseguirían un efecto similar, gracias a empleados que aportan pero no consumen.
