Lavagna salió a calmar las privatizadas

El ministro Roberto Lavagna tuvo ayer un primer encuentro con las empresas privatizadas de los servicios públicos considerados esenciales: electricidad, gas, agua y teléfonos. El ministro les habría dicho que «el gobierno quiere que las empresas sigan trabajando en el país», y que «si alguien quiere irse, puede hacerlo, pero el gobierno no las va a echar».

También habría expresado que «se seguirá trabajando aceleradamente para buscar soluciones consensuadas en los plazos previstos» para la renegociación de los contratos y la adecuación de las tarifas, con lo cual se entiende que hacia principios de julio se definirían los aumentos tarifarios.

La reunión, convocada en pocas horas, fue considerada «positiva» por las empresas participantes. Según los voceros empresarios, Lavagna se manifestó «preocupado» por la situación de las empresas y dijo estar «interesado» en resolver los problemas que las están afectando.

Hay quienes dicen que el encuentro se precipitó por una declaración de las distribuidoras eléctricas pidiendo un ajuste inmediato en las tarifas. Pero además del comunicado de ADEERA (Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina), el gobierno se enfrenta a otros problemas como los cortes de gas en la Patagonia y las interrupciones programadas del servicio eléctrico en Santiago del Estero.

•Proyecto

También parece haber influido la fuerte preocupación que causó en las privatizadas de gas, luz y agua, el proyecto de ley al que la Cámara de Diputados dio media sanción la semana pasada, por el cual se prohibirían los cortes del servicio por falta de pago a quienes acrediten imposibilidad de pagar, o sin ese requisito en el caso específico del suministro de agua.

El proyecto que en la Cámara Baja fue impulsado por el oficialista Eduardo Camaño, no parece por ahora prioritario en Senadores, pero las empresas temen que si se convierte en ley, el Poder Ejecutivo no esté en condiciones políticas de vetarla.

Aunque el tema no se abordó en la reunión de ayer, según algunos trascendidos, Lavagna prometió que, en el marco de la renegociación su cartera prestará «mayor atención» a los servicios, cuyos representantes fueron convocados. Estuvieron presentes los presidentes de: Aguas Argentinas, Edenor, Edesur, Edelap, Camuzzi, Telefónica, Telecom, MetroGas, Gas Natural Buenos Aires Norte, Transener, Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur.

Por el gobierno también participaron de la reunión el viceministro de Economía, Alberto Devoto y el coordinador de la comisión renegociadora, Alberto Biagosh.

A primera hora de la mañana, las distribuidoras eléctricas, controladas por accionistas privados, que operan en todo el país, reclamaron ayer la adecuación «en forma inmediata» del margen que perciben dentro de las tarifas de luz.

Lo hicieron a través de ADEERA que preside el titular de Edenor, Fernando Ponasso. La comunicación de la entidad marcó una presión sobre el gobierno mayor a la que se venía registrando, y puso de manifiesto el creciente malestar de las empresas por la falta de algún «sendero», como dicen los empresarios, para reconstituir su ecuación económica.

Según las distribuidoras eléctricas:

• con la devaluación, los insumos se incrementaron en 70%.

• el stock de materiales no pudo ser repuesto y se corre el riesgo de que ante una contingencia importante, «el servicio demore mucho más tiempo en reponerse».

• no hay financiación para las obras y mantenimiento de redes.

• los ingresos se encuentran comprometidos por la aceptación obligatoria de bonos provinciales.

Las empresas también se manifestaron en contra del proyecto de ley que prohíbe cortar los servicios públicos por falta de pago.

Según un cálculo simplificado, se estima que entre 20% y 30% de la facturación de las empresas eléctricas se vería comprometido si el proyecto se convirtiera en ley.

Esta preocupación es compartida por las empresas privatizadas no eléctricas. «El proyecto -dijeron en una empresa de gases una absoluta inequidad, no contempla ningún esfuerzo del Estado y no advierte que sin recursos, el servicio se verá afectado tanto para el que paga como para el que no paga». Sin aportes de los accionistas, con las tarifas pesificadas y congeladas, con fuertes subas en insumos y en varios casos, alto endeudamiento en dólares en el exterior, las empresas privatizadas podrían pasar del «default financiero» al «default operativo», con afectación de los servicios, sin que el Estado cuente con recursos para afrontar una emergencia.