Más que avanzado se encuentra el pacto salarial entre el gobierno y la CGT. La base: incremento de 20% y por dos años de plazo. Con una cláusula adicional que permite revisar ese acuerdo cada seis meses, pensando siempre en una inflación más elevada. De ahí que, en su inicio, este entendimiento ya se presenta como ilusorio.
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Hugo Moyano parece comprometido -a pesar de sus declaraciones, «yo me guío por los precios de los supermercados»- a sostener al nuevo gobierno, la estabilidad y su propia permanencia en la central obrera (también, su propio futuro: si se consolida, cree, puede aspirar a funciones más elevadas). Hacia adentro de la CGT -y al margen de las cajas y las obras sociales, también de sus diálogos con Néstor Kirchner-, Moyano explica que demandas por cifras más elevadas finalmente retrasan el salario por la suba del costo de vida. Casi de Harvard. Mientras, Cristina de Kirchner supone que esa garantía gremial de 20% le permitirá avanzar en la réplica de esos pactos sociales que fueron exitosos en otras tierras y, sobre todo, modificar la expectativa general sobre un alza creciente de la inflación.
Hasta allí los sueños. Y la confianza en que el azote de Guillermo Moreno mantenga -hasta ahora en forma ficticia- cierto nivel de precios. Pero esa política expansiva (el último año no explotó por la disparada de capitales al exterior) y alfonsinesca («un poco de inflación no importa»), que empezó con acuerdos y terminó con controles, no amenaza con cambiar. Por lo tanto, más de una reserva guarda este pacto: ninguna firma, sea la de Moyano, la presidencial o la de empresarios ad hoc, difícilmente contenga a quienes observan y padecen en forma multiplicadora una tasa de inflación que no es la oficial. Algo más que voluntad y tinta requiere un pacto de estas características.
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