El gobierno, para cumplir con una promesa que Néstor Kirchner le hizo a Víctor De Gennaro, de ATE, dispuso ayer una medida de cierta trascendencia para la vida sindical. Los casi 2.160.000 empleados públicos de todo el país tendrán libertad para agremiarse. Por ahora, sólo es para el sector público, pero sería un ensayo para el privado. También tiene un trasfondo político, ya que satisface, a manera de premio, al sector gremial que Kirchner decidió privilegiar en su relación con los sindicatos.
Según la nueva reglamentación, la posibilidad de aplicar la libertad sindical entre los empleados públicos es una deuda que el Estado argentino tiene por haber adherido a los convenios de la
La clave de la norma figura en el artículo 3, donde se menciona que «el número de delegados elegidos por cada asociación sindical será directamente proporcional a los afiliados cotizantes que posea, siempre que mantengan un mínimo de 10% de afiliados». Esta modificación, más allá de la normalización de ATE y UPCN en igualdad de condiciones, abre la posibilidad para que cualquier agrupación sindical que demuestre que posee 10% como piso del total de afiliados puede enviar delegados a las negociaciones con los representantes de la «patronal» del Estado.
Dejá tu comentario