Cuando se enteraron de que por la ley de reforma previsional habían retornado, obligatoriamente, al régimen de reparto, desde jueces, diplomáticos hasta investigadores se lanzaron sobre los juzgados de todo el país presentando amparos al estilo del «corralito» y los juicios previsionales. «Ha sido una andanada de reclamos como no veíamos desde el 'corralito'», reconoció un letrado.
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Uno de los casos más notorios es el de un juez federal que interpuso un amparo y obtuvo un fallo favorable al dictarse una medida de no innovar, lo que implicó además que el Estado debía devolverle nuevamente los ahorros que el magistrado acumuló en la AFJP.
Los ejemplos no acaban allí, ya que desde las embajadas tronan los teléfonos consultando el porqué del traspaso cuando los diplomáticos desean en su mayoría seguir afiliados a la jubilación privada.
Desprolijidad
«Me llamó hasta un embajador que tenía más de $ 150.000 ahorrados y un joven cónsul con poco más de $ 30.000 recriminándome que los habían traspasado al Estado», contó un ejecutivo de una AFJP. Algo similar ocurre con investigadores y científicos, sobre todo aquellos que tienen otro empleo, y fueron traspasados al régimen estatal por haber considerado que su ocupación principal era la vinculada a la investigación.
Lo cierto es que la desprolijidad con que se llevó a cabo la reforma dejó un sinnúmero de agujeros negros en la normativa que están siendo subsanados con artilugios criollos.
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