Los empresarios ya no ocultan su preocupación por el absurdo proyecto de ley de accidentes de trabajo elaborado por el ministro Carlos Tomada. Lo que hasta ayer era una versión es hoy ya una declaración pública. El flamante presidente de la UIA, Héctor Méndez, dijo que ese proyecto impide la creación de nuevos empleos y desalienta la inversión. Es obvio: pocos querrán incrementar su personal con la posibilidad cierta de tener que empeñar su empresa para pagar indemnizaciones por la industria del juicio por accidentes. Tal como publicó ayer este diario, la controvertida iniciativa antiempresa crea figuras como el «delegado de higiene y seguridad», convierte en imprescriptibles los reclamos de los afectados por «ciertas patologías» (que se determinarán cuando se reglamente la ley) y habilita la vía civil para reclamos sin tope. Esto, en el mediano plazo, implicaría que los primeros que hagan juicio cobrarán, pero a costa -sobre todo, en el caso de las pymes- de una casi segura desaparición de las fuentes de trabajo. Tomada parecería querer ganar la competencia por demostrar quién es más de izquierda en el gobierno con este proyecto, que lejos está también de beneficiar a los trabajadores. En realidad, los principales beneficiarios terminarán siendo los abogados especializados en este lamentable resurgir de la industria del juicio.
El flamante presidente de la UIA, Héctor Méndez (en la foto, junto al saliente Alberto Alvarez Gaiani), mostró su preocupación por la iniciativa que crea «delegados de seguridad e higiene».
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Un alto dirigente de la UIA dijo a este diario que Con el telón de fondo de esta puja en ciernes, la nueva comisión directiva de la central fabril asumió reflejando la unidad alcanzada por los dos sectores en que se había dividido.
El dirigente basó en esta agresión la venta de muchas empresas nacionales, la más reciente de las cuales fue
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