"Los empresarios deben dejar las chicanas y de distorsionar"

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, defendió fuertemente la reforma de la ley de abastecimiento, al tiempo que respondió a las críticas de los empresarios y la comparación con la legislación de Venezuela que realizan quienes cuestionan las iniciativas.

En su habitual conferencia de prensa, Capitanich dijo que "muchos empresario repiten desde la mentira" y pidió que "dejen las chicanas y estrategias que distorsionen herramientas que garantizan el normal funcionamiento de la economía".

"Muchos de los que opinan tienen el título de empresario pero nunca se acercan a las puertas de sus fábricas, son lobbystas, sólo responden a las consultas periodísticas", lanzó.

Además Capitanich ratificó la "constitucionalidad" de los cambios a las leyes y afirmó que no tiene comparación con la ley venezolana.

"Rechazamos enfáticamente que el proyecto tenga algún viso de inconstitucionalidad, por el contrario respeta la Constitución Nacional", aseguró el funcionario sobre las normas que comenzarán a ser debatidas esta tarde en las comisiones del Senado de la Nación.

Sobre las iniciativas, Capitanich afirmó que los proyectos de ley que debatirá el Congreso para ampliar los derechos de los consumidores "pretenden generar condiciones para que el Estado pueda intervenir en forma transparente en la cadena de valor" y, a la vez, "defender a los pequeños y medianos empresarios y productores".

El ministro coordinador afirmó que el consumidor "está desamparado y no logra resarcimiento cuando hace un reclamo".

"Representa una innovación cualitativa en la defensa de los derechos del consumidor", sostuvo Capitanich, quien también se refirió al proyecto que será tratado más adelante sobre la creación de un Observatorio de Precios.

"El Estado necesita tener capacidad regulatoria en ese sentido", dijo el jefe de Gabinete al afirmar que la iniciativa "plantea un proceso de adecuación en las empresas como lo hacen otros países como Estados Unidos, Francia y Alemania, para evitar los abusos que genera la concentración monopólica y que es un factor de extorsión de un gobierno".

Además, dijo que la medida "pone blanco sobre negro lo ideológico y permitirá saber si prevalece la posición de (Hermes) Binner que defendió la `mano invisible del mercado` o la de (Rubén) Giustiniani (en el bloque FAU-UNEN). Si la posición es más liberal o se inclina por la postura del radicalismo".

"Pondrá al descubierto los grupos de intereses", aseguró Capitanich, y cuestionó a "muchos opositores que se olvidan de preceptos ideológicos esenciales de su partido y salen en defensa de grupos concentrados".

"Se va a saber a favor de quiénes están, si del pueblo o de los grupos concentrados", finalizó.

El proyecto de modificación de la ley de abastecimiento y las iniciativas vinculadas a la Defensa del Consumidor comenzaron a ser debatidas este martes en el Congreso por el plenario de comisiones, en medio de una fuerte polémica sobre el intervencionismo estatal.

Las comisiones se reunieron en el Congreso en un contexto de fuerte lobby por parte del sector privado: entidades como la Unión Industrial (UIA), la Asociación Empresaria (AEA), CAME, la Cámara del Comercio, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y otros sectores fuertes de la economía anticiparon su rechazo a los cambios.

El oficialismo irá al Parlamento con la misión de aprobar las iniciativas por orden de la presidente Cristina de Kirchner, quien en su último discurso en la Casa Rosada y con empresarios sentados en primera fila aclaró: "No queremos fundir a ningún empresario, pero que tampoco fundan a los argentinos".

El Gobierno propone, por un lado, la creación de un fuero del consumidor en la Justicia ordinaria, que permita resolver de manera expeditiva los diferendos entre consumidores y empresas, con un sesgo en favor de los primeros.

Contempla una instancia inicial de mediación con asistencia obligatoria de las partes, donde se espera que la mayoría de los conflictos se resuelvan y así los consumidores tengan más incentivos a quejarse por bienes defectuosos, cobros indebidos o cualquier tipo de abuso comercial.

Por otro lado, el más relevante desde el punto de vista de la política económica que busca la administración kirchnerista para comenzar a controlar la inflación, habrá cambios en las leyes de lealtad del consumidor y en la ley de abastecimiento.

En particular, el resquemor empresario se centra en la ley de abastecimiento, que pasaría a llamarse de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo y tendrá, como novedad, que se elimina la pena de cárcel para el empresario y se elevan los montos en dinero ante situaciones de incumplimiento.