Los franceses amenazaron con un juicio por Aguas Argentinas

El grupo francés Suez -accionista mayoritario de Aguas Argentinas- dijo ayer en París que «está determinado a iniciar un procedimiento de arbitraje internacional si no culmina el procedimiento previo actualmente en curso con el Estado argentino».

«Nuestra determinación es total y si, cuando llega la fecha, consideramos que nuestro interés es solicitar el arbitraje, lo haremos», dijo el presidente del grupo francés, Gérard Mestrallet.

Suez se presentó a mediados del año pasado ante el CIADI, tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, denunciando violación del tratado de protección recíproca de las inversiones entre Francia y la Argentina.

Tras la presentación, se abren seis meses de negociación entre las partes, y al término del período, la denunciante puede pedir el arbitraje o esperar a hacerlo, sin que haya plazo determinado para que lo haga.

Como en realidad los seis meses ya transcurrieron, aparentemente Suez se está refiriendo a las negociaciones abiertas con la comisión renegociadora de los contratos, para adecuar las inversiones de este año y aplicar un aumento de tarifas.

La comisión, que preside Gustavo Simeonoff, debe precisamente entre hoy y mañana presentar al ministro Roberto Lavagna un dictamen final, tras la consulta pública que se hizo a través de Internet y que terminó la semana pasada sobre la propuesta de Aguas Argentinas. La empresa -presidida por Juan Carlos Cassagne- solicitó una suba de 15% en las tarifas, que redundaría en un aumento a los usuarios de 10%, si se reduce 5 puntos la alícuota del IVA.

• Problema

Según trascendidos, la comisión renegociadora de los contratos recomendaría una suba de 10%, exceptuando a los usuarios que perciben la llamada tarifa social. Los alcanzados por ese beneficio son teóricamente 100.000 clientes, pero en la práctica sólo lo perciben 20.000, en apariencia por dificultades en los municipios para decidir a quiénes adjudicar los cupos que recibieron hace ya casi un año.

Pero el dictamen de la comisión renegociadora se enfrenta con un problema no menor. Hay dos fallos recientes de la Justicia que suspenden los aumentos en electricidad y en gas, considerando que la Ley de Emergencia no autoriza subas de tarifas, sino que obliga al Ejecutivo a renegociar los contratos, según parámetros determinados.

La situación de Aguas Argentinas es sólo aparentemente distinta de la de las empresas eléctricas y gasíferas. Considerando que se trata de un servicio esencial, la comisión renegociadora planteó las inversiones mínimas necesarias para este año, y con ese proyecto, Aguas Argentinas, hizo su propuesta tarifaria. Pero el contrato no fue renegociado en los términos de la Ley de Emergencia, por lo cual es prácticamente seguro que la Justicia tampoco dejará pasar esta suba de tarifas.

Por otra parte, el informe final del ente regulador (ETOSS) revela que, para un escenario intermedio (entre las inversiones mínimas requeridas y parte de la expansión planteada por la comisión renegociadora), no haría falta aumento de tarifas si Aguas Argentinas no paga los intereses de la deuda.

• Otros elementos

Dicho de otra forma: el flujo de caja de la empresa después de inversiones resulta positivo, según el ETOSS, para la inversión mínima y para una expansión moderada, si no se pagan los intereses de la deuda. Según el ETOSS, si se toma el escenario de máxima para la expansión, elaborado a solicitud de la comisión renegociadora, el flujo de caja sería negativo en 55 millones de pesos en 2003, siempre sin pagar intereses.

Existen, además, otros elementos para asegurar que el dictamen de la comisión renegociadora será otro intento más del gobierno para mostrar que «quiere, pero no puede».

Si el Ministerio de Economía pudiera evitar los planteos en la Justicia, y lo hecho hasta ahora se considera una renegociación del contrato, el dictamen de la comisión, luego de ser avalado por el secretario legal y técnico del Palacio de Hacienda, debe ser remitido a la comisión bicameral creada por la Ley de Emergencia, según lo indica la misma norma legal.

Pero esa comisión nunca se constituyó y tampoco tiene reglamento, así que no se sabe si su dictamen será vinculante para el Poder Ejecutivo o no lo será. En el gobierno de Carlos Menem, los dictámenes de la comisión bicameral que se creó por la ley de reforma del Estado para seguir las privatizaciones no tenían carácter vinculante, pero la situación política y las internas dentro del Parlamento no son ya las mismas.

Por otra parte, funcionarios del propio gobierno se sienten seguros de que no prosperarán los juicios en el CIADI contra el Estado nacional, porque «la ley es pareja para todos, y nadie tuvo aumentos». En ese sentido, una suba de tarifas para Aguas Argentinas rompería el equilibrio.

De todas formas, el ministro de Economía tiene tiempo hasta principios de mayo para elevar al Presidente la propuesta definitiva. Y nadie cree que en esa fecha, Lavagna, Duhalde o el Parlamento estén dispuestos a autorizar un aumento en el agua.