El escudo que constituyó La Caixa y Sacyr para proteger a Repsol YPF de una oferta hostil se alinea con la política del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en cuanto a preservar para capitales españoles las empresas energéticas consideradas estratégicas.
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Esta actitud le está creando no pocos problemas al gobierno socialista con la Unión Europea, en particular por las acciones tendientes a desalentar a la alemana E.ON de su interés por quedarse con la eléctrica Endesa.
La Comisión Europea iniciaría hoy acciones legales contra España por la imposición de condiciones a la oferta de adquisición de E.ON sobre Endesa. Ya el mes pasado, ese organismo dijo que eran ilegales las condiciones impuestas por el regulador energético español, la Comisión Nacional de Energía, que incluyen, entre otros requisitos, la venta de los activos nucleares de la eléctrica española.
La comisión iniciará ahora el procedimiento de infracción contra España por no haber cambiado su posición en el asunto. A esto se suma la demanda iniciada por E.ON en Nueva York contra la constructora española Acciona, que en setiembre adquirió 10% de Endesa y podría haber superado en secreto esa participación.
