El Tribunal de Defensa de la Competencia recomendó ayer al gobierno español prohibir la OPA (oferta pública de adquisición) del primer grupo gasífero del país, Gas Natural, sobre la primera empresa eléctrica, Endesa. Sin embargo, la administración de José Luis Rodríguez Zapatero dijo que de todas formas podría autorizar la operación ya que la resolución no es vinculante y porque, además, hay un dictamen en sentido contrario de la Comisión Nacional de Energía.
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El tribunal estimó que la OPA reducirá «gravemente» la competencia en el mercado español de la electricidad, según informó el diario económico «Expansión». Pero el gobierno descalificó la opinión asegurando que votaron en contra de la operación los seis miembros del organismo que fueron designados en su momento por el Partido Popular (PP), mientras los otros tres integrantes lo hicieron en sentido contrario. Por otra parte, el informe técnico del mismo tribunal recomienda aprobar la OPA.
La transacción es motivo de una fuerte disputa entre el PP y el Partido Socialista que está en el gobierno. Si se concreta, implica un avance de La Caixa, la entidad financierade Cataluña, sobre la Caja Madrid, que hasta ahora gerencia a Endesa. Por otra parte, analistas citados por las agencias internacionales indicaron que la fusión de las dos energéticas españolas podría modificar el mapa del sector no sólo de Europa, sino también de América latina y, particularmente, de la Argentina y Chile. En estos dos países, Endesa tiene una posición preponderante, a lo que se une que la eléctrica quedará ahora vinculada a Repsol YPF, también controlada por La Caixa.
• Satisfacción
Endesa rechazó de entrada la OPA lanzada por Gas Natural en setiembre, y ayer manifestó satisfacción por la resolución del Tribunal de la Competencia, aunque en España se da por hecho que el gobierno autorizará la fusión que se concretaría en mayo.
En octubre, la eléctrica intentó recurrir a la Comisión Europea (CE), pero en noviembre, el organismo comunitario decidió que por las proporciones de los negocios dentro y fuera de España, corresponde a las autoridades españolas examinar la operación.
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