Más desprolijidades para resolver sobre las tarifas

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, designó como nuevo coordinador de la comisión renegociadora de los contratos de servicios públicos al economista Gustavo Simeonoff, quien el 25 y 26 de este mes deberá presidir las audiencias públicas para debatir las tarifas de electricidad y gas.

Simeonoff, de quien se afirma que es un allegado al ex secretario de Energía, Alieto Guadagni, y tendría una buena relación con el Parlamento, reemplaza en la comisión a Miguel Sanguinetti, quien pretendía que las audiencias fueran presididas por los entes reguladores, y tras el rechazo de esos organismos, renunció. Simeonoff es el cuarto funcionario que está a cargo de la comisión desde febrero.

El nuevo funcionario deberá hacerse cargo de debates que se anticipan muy complicados, si es que la Justicia no los frena antes, haciendo lugar a recursos de amparos presentados por asociaciones de consumidores. El hecho de que el nuevo funcionario deberá ponerse en tema en el plazo de quince días, suma una nueva desprolijidad al proceso que está realizando el Ministerio de Economía.

Lavagna también informó que las audiencias públicas para tratar el aumento de tarifas se realizarán ahora en el Complejo Costa Salguero, en lugar de Parque Norte, como se publicó en edictos aparecidos en medios de prensa.

La elección de Parque Norte había sido cuestionada por lugar inapropiado e inseguro por los entes reguladores y por las empresas privatizadas. El cambio por Costa Salguero, sin embargo, no mejora en mucho las condiciones de seguridad, y deja planteadas audiencias con más de tres mil personas presentes.

Según el reglamento de la audiencia, que se conoció ayer, «el público podrá participar oralmente en la audiencia, con autorización de la autoridad que esté a cargo de la misma, quien resolverá acerca de la pertinencia de lo expuesto». Las exposiciones del público no podrán exceder «en general», dice el reglamento, cinco minutos.

En tanto, según la norma, participarán con carácter de parte, las concesionarias de los servicios, en forma directa o a través de sus asociaciones, el defensor del pueblo de la Nación y «demás personas públicas o privadas que tengan un interés en hacerlo». Las partes tendrán 30 minutos para exponer, y deberán presentarse 96 horas antes del debate acreditando sus datos, «expresando su pretensión en el tema a debatir y acompañar la documentación que la sustente y ofrecer prueba».

Calculando los tiempos de exposición de las partes y el público, podrían resultar audiencias excesivamente extensas, que deban prolongarse más de una jornada. Sobre esto, el reglamento indica que la autoridad «dispondrá las prórrogas que sean necesarias, y también, fundadamente, la suspensión o postergación de la misma, de oficio o a pedido de parte».

Según la norma, «la autoridad podrá ordenar desalojar por la fuerza pública a las personas que perturben el orden». Pero hay antecedentes a tener en cuenta: el viernes pasado, en Tucumán, una audiencia pública por tarifas eléctricas convocada también en un lugar para mucho público (el Hipódromo), debió suspenderse sin fecha luego de que parte de los presentes se colocó frente al estrado gritando «Argentina» y «que se vayan todos», e interrumpió la apertura del acto.

La desprolijidad del proceso de audiencias, convocado por el Ministerio de Economía, incluye también otros aspectos clave:

• Los expedientes a que tienen acceso los interesados no tienen cuadros tarifarios, sino los pedidos de aumentos solicitados por las empresas.

• No hay opinión de la comisión renegociadora ni estudio de ésta o del organismo regulador, sobre la situación del contrato en el momento de la devaluación, y el impacto de ésta en la estructura de costos de las empresas.

• Todavía no salió el decreto o la resolución con la convocatoria a las audiencias en el Boletín Oficial, aunque sí aparecieron edictos en medios de comunicación.

• Falta el decreto que prorrogue la existencia de la comisión renegociadora, cuyo plazo de vigencia está vencido, y nombre al nuevo coordinador.

• Hay desacuerdo evidente entre el Palacio de Hacienda y el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, quien volvió a decir que después de las audiencias se elevará todo al Congreso para su aprobación. Lavagna, por su parte, pretendería un aumento a cuenta de la renegociación definitiva de los contratos, que no pase por el Parlamento.

• El defensor del pueblo, Eduardo Mondino, fue invitado a través de los edictos como defensor de los usuarios, con lo cual, según una carta de Mondino a Lavagna, «se intenta confundir la institución con un funcionario ya existente y con atribuciones previstas en los distintos marcos regulatorios».

Mondino recalcó en la nota que desde febrero viene reclamando la realización de audiencias públicas, pero aclaró que «tal posición de ninguna manera implica aceptar formar parte de un simulacro de las mismas, que usted pretendería constituir».