Más dirigismo: traban ya el mercado laboral

El gobierno profundizará el intervencionismo estatal con una serie de medidas que condicionará el empleo en el sector privado y que otorgará más poder a los sindicatos.

Se trata de una norma que impondrá por 180 días condiciones al procedimiento de crisis por despidos colectivos y que obligará a mediaciones entre las empresas y los sindicatos, donde el Ministerio de Trabajo tendrá fuerte competencia.

Inclusive, la cartera laboral podrá exigir la reincorporación de los despedidos si no terminó el proceso.

Por caso, la medida que está en la Secretaría de Legal y Técnica obligará a las empresas a abrir un procedimiento de crisis en el Ministerio de Trabajo cuando se produzcan despidos por fuerza mayor o sin causa. Y con atribuciones, cuestionables, se meterá en la contabilidad de las empresas ya que les puede exigir los balances e investigar si se registra una situación de crisis que justifique los despidos. Antes, ese trámite se iniciaba sólo por los despidos de fuerza mayor y no los sin causa.

Otro dato grave es que se reglamenta que la duplicación de las indemnizaciones no sólo se aplique a lo que corresponde como antigüedad sino que también se computará sobre la integración del mes de despido, el preaviso no gozado y las vacaciones pendientes. De esta forma se incrementarán notablemente los costos de las indemnizaciones.

También se establece que la cartera laboral puede dictar la conciliación obligatoria ante, durante o después del procedimiento de crisis, con lo cual se impide que por 45 días se realicen los despidos.