Cuando parecía que la SEPI (que administra las participaciones accionarias del Estado español en empresas privadas) ya había hecho todos los aportes que debía hacer para la compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet, esta firma -compuesta por el Grupo Marsans y Antonio Mata- presentó un reclamo por otros u$s 215 millones.
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La demanda de Air Comet fue presentada ante un Tribunal Arbitral en Madrid, que deberá expedirse si corresponde o no el pago de la suma requerida por los dueños de Aerolíneas. Según explicaron voceros de la aérea en Buenos Aires, «estaba previsto en el contrato original que SEPI cubriría futuras contingencias, o sea pasivos anteriores a que Air Comet tomara Aerolíneas».
Hasta la fecha la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) había aportado cerca de u$s 750 millones para cubrir los pasivos que había dejado al momento de desprenderse de Aerolíneas Argentinas; a esa cifra ahora debería sumársele otros u$s 215 millones por los mencionados pasivos ocultos.
En lo que hace específicamente al conflicto entre la empresa y los gremios de pilotos y técnicos, ayer se llevó a cabo la marcha convocada por los cinco sindicatos aeronáuticos que se oponen frontalmente a las medidas de fuerza de APTA y APLA, las que -aseguran- tienen como objetivo «la desaparición de Aerolíneas y de nuestros 8.500 puestos de trabajo» (según un comunicado difundido ayer).
Así, unos 2.000 trabajadores agrupados en AAA (auxiliares de a bordo), UALA (pilotos de Austral), ATVLA (técnicos no nucleados en APTA), UPSA (personal jerárquico) y APA (personal de tierra, administrativos) reclamaron en Plaza de Mayo el desplazamiento del subsecretario de Transporte Aerocomercial, que es también el líder de APTA, Ricardo Cirielli.
Ayer, además, representantes de APTA y APLA volvieron a sentarse en el Ministerio de Trabajo con abogados de Aerolíneas para seguir negociando. Los sindicatos se llevaron «la última propuesta» de la empresa -sugerida por Trabajo- que a lo ya conocido agrega un incremento de 9% remunerativo a partir del 1 de enero de 2007. Hoy se llevarían a cabo asambleas en APTA y APLA, seguramente para rechazarla.
Igualmente descomprimió la situación la resolución del juez Guillermo Montenegro, que excarceló bajo caución juratoria a los sindicalistas Pablo Prendes (APTA) y César Vega Fernández -comandante y miembro de APLA- que habían sido detenidos el martes en relación a la agresión cometida contra un automovilista durante una marcha de protesta. A pesar de que la denuncia del Ministerio del Interior les imputaba delitos como «lesiones graves, coacción agravada, privación ilegítima de la libertad», el juez Montenegro caratuló el caso como «daños y lesiones», que son excarcelables. El abogado de los imputados es Jacobo Grossman, quien ofreció « media docena de testigos» que confrontarían la versión oficial (que a su vez se respalda en un video aportado por un canal privado).
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