Una polémica solución diseñó el Ministerio de Economía para los deudores que corren peligro de ejecución, que consiste básicamente en un nuevo subsidio del Estado. Las hipotecas en situación de ser ejecutadas, tanto en poder de bancos como de acreedores privados, serán adquiridas por el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas, que cuenta con $ 450 millones. Una vez que se quede con las hipotecas, el gobierno definirá "caso por caso" la situación de los deudores, a quienes se les otorgarán aumentos de los plazos y reducciones sustanciales de tasa de interés. Sólo serán beneficiados quienes se hayan anotado en el Registro de Deudores Morosos. En Economía aseguran que el beneficio será acotado a 13.000 deudores y el costo no superará los $ 140 millones.
La cantidad de anotados superó levemente las 13.000 personas, incluyendo tanto a deudores bancarios como extrabancarios (es decir con préstamos tomados de acreedores privados). Y el monto de la deuda en cuestión ascendería a unos $ 140 millones.
Esta solución llega justo antes de que venza, el 2 de octubre próximo, la prórroga voluntaria de 30 días que decidieron los bancos para la suspensión de remates. Pero el acuerdo con el FMI estipula que no habrá nuevas postergaciones.
El instrumento específico que se utilizaría para comprar las hipotecas en riesgo de remate a los bancos y acreedores privados será el
Finalmente, los fondos nunca fueron aplicados, por lo que se buscó un nuevo destino.
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