La Secretaría de Transporte decidió incrementar en 40% el ya cuantioso subsidio que entrega a la inexistente aerolínea LAFSA, cuya «privatización» ni siquiera tiene fecha y en la que «trabajan» sin hacer nada unas 800 personas despedidas de las desaparecidas Dinar y LAPA. La resolución firmada por el secretario del área, Ricardo Jaime, dispone incrementar en 40% el subsidio a la empresa Southern Winds (SW), la que se mantiene en operaciones sólo por ese aporte público que rondaba hasta ayer los $ 38 millones anuales. Dado que los «vuelos» de LAFSA se hacen con «código compartido» con SW, indirectamente al hacer que esta empresa siga volando, se mantiene la ficción de LAFSA como operador aéreo, cuando en realidad se trata de un seguro de desempleo encubierto para los ex empleados de las dos aerolíneas locales fallidas. Desde ya, la medida supone una flagrante distorsión del mercado, dado que las otras empresas que operan en la Argentina ( Aerolíneas, AeroVip, American Falcon) deberán seguir pagando el « JP 1» (así se denomina el combustible para aviones) a los precios que fijen las petroleras, lo que los pone en clara desventaja respecto de su competidora oficial. Sucede que el combustible es entre 25% y 30% del costo operativo total de una aerolínea; esta cifra explica fácilmente la presión adicional que se aplica sobre los privados. Detrás de la medida están los gremios que capitanean Abel Basteiro (diputado nacional por el ARI) y Ricardo Cirielli, actual subsecretario de Política Aerocomercial.
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