Lo determina la disposición 6/06 de la subsecretaría de Asuntos Regionales. Eleva de $ 2,1 millones a $ 10 millones el monto del capital social a partir del cual las sociedades anónimas pasan a estar sujetas a una fiscalización estatal permanente, y con exigencias funcionales más estrictas. Hasta hoy 2.112 firmas tenían un control permanente.
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