El acuerdo que la Argentina alcanzó con el Fondo Monetario Internacional obliga al gobierno argentino a cumplir duros compromisos que van más allá de lo ya conocido en materia fiscal y monetaria, según surge de los textos conocidos ayer. En los próximos tres meses, se deberá presentar al Congreso y conseguir la aprobación de una serie de iniciativas. Desde el punto de vista impositivo, tendrá que conseguir por ley la derogación total de los planes de competitividad aún vigentes y transformar el impuesto a los combustibles en un porcentaje del valor del producto. En ese aspecto, tendrá que presentar una reforma integral del sistema impositivo, incluyendo un aumento del impuesto al gasoil. Además, se obliga a modificar la Ley de Entidades Financieras, incluyendo un importante paraguas de protección para el directorio (el ministro Roberto Lavagna se niega a hablar de «inmunidad»). Además, limita la actividad de los bancos públicos hasta que culmine la auditoría internacional. Los bancos Nación y Provincia deberán cofinanciar 50% del préstamo que otorguen si supera el millón de pesos. Asimismo, deberá fortalecerse por ley la autonomía del Banco Central, permitiendo que designe a su propio personal y con autonomía presupuestaria. Por último, se comprometen mejoras a la Ley de Quiebras y una nueva legislación para acuerdos extrajudiciales.
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• Los componentes principales del programa de transición son: 1) el presupuesto 2003 para mantener el déficit fiscal y federal bajo control; 2) la implementación de pactos bilaterales entre el gobierno nacional y los provinciales; 3) un programa monetario para mantener la inflación bajo control; 4) pasos preparatorios para medidas estructurales que fortalezcan la situación fiscal; 5) avanzar hacia la reestructuración de la deuda; 6) una estrategia para el saneamiento del sistema bancario y 7) asegurar el pleno respeto de los derechos de los acreedores, restableciendo la seguridad jurídica.
• Los organismos internacionales darán créditos a la Argentina para cubrir vencimientos de obligaciones contraídas durante el período enero-agosto 2003.
• El superávit primario deberá ubicarse en 2,5% del PBI en 2003.
• Algunas medidas de recaudación se volverán a presentar al Congreso para conseguir un superávit primario equivalente a 2,1% del PBI para el gobierno nacional.
• El Congreso volverá a tratar en febrero la legislación para suspender los planes de competitividad restantes para los sectores agrícola, de transporte y medios. El compromiso del gobierno argentino es eliminarlos todos para fines de marzo de 2003.
• En febrero se volverá a elevar al Congreso la legislación para convertir el impuesto al combustible como porcentaje del precio (base ad valorem).
• Se elevó al Congreso un proyecto de reforma impositiva que incluye un aumento gradual de la alícuota del impuesto al gasoil.
• El límite de gasto primario (excluyendo transferencia a provincias) se fijó en $ 45.900 millones, una reducción de 1,5% del PBI respecto a 2002.
• El reintegro del recorte salarial y jubilatorio de 13% se realizará a través de bonos que no amortizarán durante 2003.
• El Banco Central transferirá ganancias realizadas al gobierno federal por hasta $ 1.000 millones durante 2003.
• Durante la segunda revisión se acordará con los representantes del FMI una estrategia para el rescate de las cuasi monedas por etapas.
• El gasto en la red de contención social se duplicará, pasando de 0,6% del PBI en 2001 a 1,2% del PBI en 2003.
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