El caso Skanska salta a la luz claramente como un escándalo donde es imposible que el Estado no haya tenido intervención. A pesar del ímpetu del gobierno en despegarse calificándolo como un affaire entre privados, hay señales suficientes de la responsabilidad estatal en la contratación para la ampliación del Gasoducto del Norte.
El Enargas, ente que controla el sector, aprobó presupuestos y direccionó las contrataciones de esa obra ordenada por el gobierno a particulares, pero no por eso privada. El gasoducto, como otras obras energéticas, se financió con un cargo fijo a costa de los beneficiarios del gas transportado. Esos pagos para costear transporte de energía se aprobaron por una ley que le da superpoderes al gobierno para decidir qué obras se construirán y cuánto pagará cada empresa. Ese cargo es más parecido a un impuesto que a una tasa por servicio. Pero, además, no se puede hablar de un mero negocio entre privados cuando TGN es el operador pero no el dueño de la obra. Es cierto también que Skanska ya había contratado con la brasileña Norberto Odebrecht SA, que la convocó cuando ganó la ampliación del Gasoducto del Sur, otro emprendimiento oficial. Hasta el armado financiero del Gasoducto del Norte tiene un final oficial: Skanska entregó la obra y el cargo fijo que le correspondía cobrarse lo cede al fideicomiso organizado en el Banco Galicia, que a su vez traslada los certificados a Nación AFJP y a otros inversores. Al final, quienes terminan perdiendo son los empresarios que pagarán con el cargo fijo el gasoducto: hoy están en estado de ebullición porque les cargan sobre su tarifa con sobreprecios y posibles coimas. El Estado tampoco puede en esto hacerse el distraído.
La sede de
la filial
argentina
de la
constructora
Skanska
fue
allanada
ayer por
orden del
juez
Guillermo
Montenegro,
quien
investiga el
supuesto
pago de
coimas
para la
construcción
de los
gasoductos
del
Norte y
del Sur.
El juez Guillermo Montenegro ordenó allanar cincoempresas, entre ellas Techint, por el presunto pago de coimas en las obras de ampliación de los gasoductos del Norte y del Sur. Ayer, oficiales de Justicia requirieron documentación de las oficinas que tienen en el microcentro porteño la filial Skanska, Techint, BTU, Contreras Hermanos y la brasileña Odebrecht.
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Tanto la constructora sueca como BTU y Techint entregaron la documentación pedida por el juez, mientras que la firma Contreras solicitó unos días para cumplir con los requerimientos de la justicia.
El problema surgió con la multinacional Odebrecht. Por un error burocrático no se pudo realizar ese procedimiento porque no se encontró el domicilio de la multinacional brasilera. Por lo menos, no coincidía con el que figura en Internet.
La medida ejecutada por Montenegro busca indagar en la fijación de los precios de las obras para determinar cómo llegaron a los montos presupuestados.
Licitación
Interesa también el papel que tuvieron las empresas constructoras en todo el proceso de licitación para las obras de montaje, construcción y de reciclado de las plantas ya existentes.
La ampliación del Gasoducto-Norte, gerenciada por Transportadora Gas del Norte (de la cual Techint es accionista), tenía un costo de 200 millones de dólares e incluía, además de los tubos, la instalación de tres plantas compresoras nuevas:
Skanska se quedó con la planta de Deán Funes, BTU con Lumbreras y Contreras Hermanos con Lavalle.
El presupuesto de TGN para Deán Funes fue de 11,7 millones de pesos y le fue adjudicada a Skanska en 26,5 millones de pesos. Es decir, hubo una diferencia de 14,8 millones de pesos entre el precio presupuestado y el ejecutado.
En tanto que la obra del Gasoducto Sur estaba a cargo de la Transportadora Gas del Sur (TGS) que fue encargada a Odebrecht que actúo como intermediaria para contratar a Skanska, Techint y Contreras Hermanos.
Préstamo
La intervención de Odebrecht habría sido decisiva para que un banco de ese país otorgara un préstamo para la obra, pero nunca instaló siquiera un caño ya que todo fue tercerizado.
Conclusión: la empresa sueca Skanska participó en los dos procesos y para quedarse con la adjudicación, admitió que tuvo que pagar 13,4 millones de pesos de presuntas «comisiones indebidas». En criollo «coimas».
El esquema de construcción de estas obras comprendía su financiación a través de un fideicomiso administrado por Nación Fideicomiso, conducido por Néstor Ulloa.
Según la denuncia presentada por los diputados del ARI Adrián Pérez y del Pro Esteban Bullrich, para concretar ese negocio se habrían pagado sobreprecios de 152% para el gasoducto Norte y 80% para la ampliación del tendido sur.
Lo que se investiga es si ese sobreprecio escondía el soborno supuestamente para pagar a funcionarios del Ministerio de Planificación. Esa cartera debía supervisar las obras a través de tres oficinas: la secretaría de Obras Públicas a cargo de José López, Energía conducida por Daniel Cameron y el Enargas, cuyo titular Fulvio Madaro.
También podría ocurrir que se esté frente a un proceso de cartelización donde las empresas involucradas se pusieron de acuerdo en los montos ofertados para estafar al Estado. Sin embargo, el fiscal Carlos Stornelli en función del cruce de notas entre TGN y Enargas, sospecha que existiría «una repetición de la matriz de adjudicaciones de obras públicas de manera ilegal, posiblemente a través de negociaciones incompatibles o a cambios de sobornos».
En sintonía con Stornelli, el juez Montenegro está dispuesto a investigar si lo ocurrido con Skanska fue una mecánica que se utilizó para otras obras públicas.
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