Luego de un mes del paro de actividades realizado por el campo, las entidades del sector descomprimieron la tensión con el gobierno y volvieron a la carga con los pedidos que arrastran desde un año: rebaja de impuestos y un plan de apoyo al sector productivo.
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En el Ministerio de Economía se encontraron José Luis Machinea,Miguel Bein y Antonio Berhongaray con los dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro, CRA y Sociedad Rural Argentina. Desde el gobierno se volvió a insistir en los cambios lanzados sobre los impuestos a los intereses y la posibilidad de eximir de impuestos a los biocombustibles.
En tanto, el presidente de Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, para estar acorde con los tiempos, pidió un blindaje de u$s 1.000 millones para «recuperar la actividad agropecuaria y contener a la gente de campo». «Para la propuesta de los agrarios ese fondo debería financiarse con un préstamo del exterior o con una eliminación en la reducción de aportes patronales en algunas empresas. El ministro nos miró, pero no nos contestó, creo que entiende que tenemos razón y que es una medida que hace falta», expresó incrédulamente Buzzi.
En respuesta a la propuesta, el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Antonio Berhongaray, que participó de la reunión indicó que «la idea fue expuesta en forma global, pero requiere un estudio técnico para analizar su costo, factibilidad y modalidad».
Mesa de trabajo
El análisis de la iniciativa quedaría a cargo de una mesa de trabajo integrada por funcionarios de las áreas económica y política y dirigentes agropecuarios.
«Nos vamos con las manos vacías y no hemos avanzado mucho en cambiar la situación del productor agropecuario», se lamentaba el titular de CRA, Manuel Cabanellas, aunque admitía que «hay algunas medidas que son importantes como la eliminación gradual del Impuesto a los Intereses y la promesa del gobierno de desgravar totalmente la producción de biocombustibles», si se lleva a delante la idea de elaborar en el país combustible a base de aceites vegetales.
Valentín Levisman, en una de sus últimas gestiones como presidente de Coninagro -el 15 de diciembre se renuevan las autoridades de los cooperativistas-indicó que había solicitado «la aplicación de un arancel extra Mercosur de 35 por ciento para los productos lácteos que vienen subsidiados de terceros países y perjudican a la producción local y regional». Por su parte, Mario Raiteri, vice de Coninagro, seguía reclamando «mecanismos de defensa de la producción» y confirmaba que desde el gobierno «existe mayor predisposición, al menos para escuchar los reclamos».
