El anunciado plazo de 18 meses para renegociar los contratos de los servicios públicos con el problema de las tarifas es demasiado extenso como para ser considerado realista. Es imposible que sea aceptado por las privatizadas y crea un indudable malestar en el FMI, que teme que en semejante plazo -y a falta de soluciones de fondo- algunas empresas terminen siendo nacionalizadas. Hay que recordar que pesó mucho el año pasado la opinión del gobierno de España, muy preocupado por el tema. Por eso, el ministro Julio De Vido dijo que esos 18 meses mencionados marcan sólo una fecha tope. De hecho, el decreto que crea la nueva unidad renegociadora no fija plazos y menciona incluso la posibilidad de imponer subas tarifarias parciales y transitorias, por caso, para algunos usuarios -industria y grandes comercios- y no para el resto. Así, para poder cerrar un acuerdo con el FMI, se espera que las primeras subas se produzcan hacia fines de setiembre. De cualquier forma, esos acuerdos tendrían que cumplir los mismos requisitos que los contratos definitivos: deberán pasar por audiencias públicas y por la aprobación del Congreso.
Incluye a la terminal de ómnibus de Retiro de la Ciudad de Buenos Aires entre los 61 contratos a revisar por la ahora denominada «unidad de renegociación» que depende en forma conjunta de los Ministerios de Planificación y Economía.
En principio, además, para extender la renegociación hasta diciembre de 2004, el gobierno debería solicitar la prórroga de la ley de emergencia que vence el 10 de diciembre de 2003.
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