Nueva estatización ahora en Entre Ríos

Entre Ríos - El gobierno entrerriano decidió rescindir el contrato de concesión del servicio eléctrico en la provincia -a cargo de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos Sociedad Anónima (Edeersa)- por «incumplimiento de contrato» y «en salvaguarda del interés público».

El Estado provincial reasumió así «transitoriamente» la prestación del servicio de energía, que desde 1996 estaba en manos privadas, para lo cual creó la Compañía Entrerriana Distribuidora de Energía SA (COENSA), 99% en manos del gobierno provincial. Sin embargo, el gerenciamiento correrá por cuenta del accionista principal de la empresa francesa Gas Nea SA -Consulyf SA-y el sindicato Luz y Fuerza.

La intención del mandatario radical Sergio Montiel es mantener este escenario hasta el llamado a licitación «en el menor tiempo posible», para otorgar así el servicio a un nuevo operador.

Según el gobierno entrerriano, la drástica postura --plasmada en el Decreto 5.684-respondió a una «grave situación frente a las obligaciones y responsabilidades de Edeersa en relación con la concesión», al ceder este año el grupo norteamericano PSEG América Ltda. y PSEG Operadora SRL el manejo de la mayoría accionaria mediante un contrato de fideicomiso. Pero, según el gobierno entrerriano, esa cesión no previó un respaldo financiero ni un operador técnico solvente, como lo ordena el contrato firmado en 1996. En consonancia con una resolución del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) y del Superior Tribunal entrerriano, para el Ejecutivo esa iniciativa empresarial «no se ajusta a las condiciones impuestas en el pliego de la licitación».

El manejo mayoritario de Edeersa estaba desde 1996 en manos del grupo norteamericano Public Service Enterprise Group (PSEG). Pero en marzo ese grupo decidió retirar sus inversiones del país, por lo cual en Entre Ríos optó por transferir sus acciones en Edeersa a los trabajadores, una iniciativa nunca aceptada por el Ejecutivo provincial.

A la hora de detallar las irregularidades de esa movida, el gobierno de Entre Ríos precisó que «se cedieron derechos y obligaciones emergentes sin previa autorización del concedente, y a personas que no reúnenrequisitos técnicos y económicos exigidos para la prestación del servicio».

Recordó además que el «abandono de los inversores extranjeros a través de las sociedades mencionadas» le dejó a Edeersa «una discutible deuda de u$s 86 millones que no se pesifican y que de no adoptarse esta medida de rescisión implicaría la eventual imposibilidad de la prestación del servicio y el pago de dicha deuda por los usuarios o contribuyentes». Y aseguró que «las acciones están en manos del fiduciario y no de los trabajadores de Edeersa, como se ha pretendido».

Según recordó «El Diario» de Paraná, una de las posibilidades en juego era que el gobierno sólo se quedara a cargo de 51% de las acciones clase A -para ponerlas a la venta-, dejando el resto en manos de las sociedades controlantes de Edeersa --Inverdersa y CIEESA-(39%) y los empleados.

Sin embargo, primó la intención de Montiel de rescindir el contrato y de que el Estado se hiciera cargo de prestar el servicio eléctrico en el área de concesión de Edeersa (70% del mercado), aunque cediendo el manejo operativo de la compañía.