El ministro Roberto Lavagna sorprendió este fin de semana difundiendo un proyecto para disolver la unidad de renegociación de los contratos, y dejar la cuestión bajo la órbita exclusiva del ministro de Planificación, Julio De Vido.
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La intención de Lavagna sería apartarse de un área en la que no comparte los criterios que se están aplicando. Y sobre todo, dejar de ser responsable ante el Fondo Monetario por la relación con las privatizadas. El ministro podrá decir ahora, cuando las autoridades del FMI lo interroguen, que la cuestión de las tarifas depende de De Vido y del Presidente, y que no es ya su responsabilidad. Para el Fondo, en realidad, no cambiará nada, pero Lavagna puede creer que su prestigio quedará a salvo.
Hay quienes creen también en el interés de Lavagna de dar una señal de disconformidad hacia la política con las privatizadas. En apariencia, el gobierno de Néstor Kirchner está privilegiando la recomposición de precios del gas y de la energía eléctrica, para que no falte producto y no se necesite seguir tapando la escasez con importaciones y gasto fiscal. Pero, al mismo tiempo, es muy renuente a que simultáneamente haya ajustes para los sectores que transportan y distribuyen el gas y la electricidad. Es más, el criterio expresado por De Vido, pero que viene motorizado por Kirchner, es que las empresas tienen que invertir antes de pedir una suba de tarifas.
La unidad de renegociación de los contratos (uniren) funciona desde julio de 2003, cuando la comisión que dependía de Economía durante el gobierno de Eduardo Duhalde se transformó en una nueva instancia presidida en forma conjunta por Lavagna y De Vido.
• Recopilación
La uniren, al igual que la comisión que la precedió, sólo recopiló información y, en algunos casos, produjo dictámenes sobre el grado de cumplimiento. Sin embargo, nunca tuvo poder político. Durante el gobierno de Duhalde, la comisión no fue consultada cuando Lavagna impulsó subas en tarifas eléctricas y de gas (que paró la Justicia) para los sectores de transporte y distribución (justo las que tiene congeladas el gobierno de Kirchner).
En el último año, en los momentos en que hubo negociaciones, el diálogo fue entre De Vido y los presidentes de las privatizadas, manteniendo la uniren sólo un rol de soporte técnico.
Lavagna sugirió en los últimos días que tampoco está de acuerdo con el proyecto de régimen nacional para los servicios públicos que el gobierno envió al Congreso, y que causa fuerte escozor en las privatizadas porque implica la intervención del Estado para decidir las inversiones, y al mismo tiempo amplía las causales para la rescisión de los contratos. Sin embargo, el proyecto de ley está firmado por Lavagna, aunque ahora el ministro reniega de su contenido.
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