Los beneficiados son los que se encuentren imposibilitados de mantener el servicio y cuyo consumo no exceda los 150 kilovatios por mes. Según el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, quedarían incluidas las personas que se encuentran en situación de indigencia, desocupados, jubilados o pensionados que no superen el haber mínimo, titulares de programas graciables y del programa de inclusión social para jefes de familia.
De todas formas, hay dos situaciones distintas.
Eden y Edes, que atienden al norte y al sur de la provincia, están controladas por la norteamericana AES, y hasta el momento no aplicaban tarifa social. Esta compañía había propuesto que para aliviar las dificultades de los usuarios debía bajar la carga impositiva que oscila entre 35% y 64% según las localidades porque en algunos casos se incluye el pago del alumbrado público. También habían prometido atender «caso por caso» las situaciones de no pago y facturar mensualmente para que el usuario tuviera más posibilidad de pago.
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