La libre competencia en la salud se hará efectiva recién en abril. La demora se debe más a errores de un decreto de junio, que elaboró Economía, que a la presión que sigue ejerciendo la CGT. José Luis Machinea apura la desregulación para ocultar esa falla que ahora debe corregir el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo. Fernando de la Rúa firmará igual la nueva norma mañana, pero hay enojo en Presidencia por la torpeza de algunos de sus funcionarios. Por un decreto burdo el gobierno corre el riesgo de que ningún privado quiera inscribirse en el sistema, el sueño sindical.
Fernando de la Rúa firmará mañana el decreto complementario del que se dictó en junio para desregular las obras sociales. El texto ya fue suscripto por los ministros y, cuando regrese el Presidente de México, tendrá también su rúbrica, de modo tal que el lunes quede protocolizado. Las negociaciones para determinar la manera en que los beneficiarios del sistema de salud podrán elegir sus prestadoras -sean obras sociales o privadas-no concluirán, sin embargo, este fin de semana.
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Como informó ayer este diario, el mecanismo por el cual un afiliado podrá derivar su aporte a una u otra entidad será materia de una reglamentación especial de la que tendrán que encargarse el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia del Sistema de Salud y la AFIP. La definición de estos «detalles» es uno de los factores que hará más lento el proceso de desregulación pero también lo atrasan las negociaciones con los dos sectores involucrados: el sindicalismo y las empresas de medicina prepaga, que se han convertido en las últimas horas en las más reacias a convalidar la propuesta del gobierno.
Por si la trama de intereses que actúan detrás de esta normativa no fuera suficientemente pode-rosa e intrincada, también en el gobierno han comenzado a multiplicarse las zancadillas entre funcionarios. Desde Economía se presiona a través de distintos canales para que la reglamentación actual modifique lo menos posible el decreto que José Luis Machinea le hizo firmar a Carlos Chacho Alvarez el 2 de junio. En este afán hay hasta razones de autoestima: si se mantuviera el decreto de junio tal cual fue elaborado en el Palacio de Hacienda (Pablo Gerchunoff fue la pluma principal) la desregulación se volvería imposible. O, peor, el sistema sanitario ingresaría en un colapso capaz de arruinar la idea misma por «mala praxis», por decirlo en la jerga del oficio. Si no se puede cumplir el 1 de enero con la desregulación efectiva es, sobre todo, por la impericia de quienes le diseñaron en junio. Por eso desde el ministerio que conduce Machinea se puso énfasis especial en que se cumplirá con los plazos «comprometidos con el Fondo».
Quienes más festejan los errores de aquel primer decreto son, obviamente, los sindicalistas. Ellos no necesitan ya negociar más tiempo: para que el sistema pueda abrirse sin sobresaltos se necesitarán, seguramente, agregar tres o cuatro meses más a los previstos. Es cierto que la CGT pretende un año antes de aceptar la competencia abierta con el sector privado. Al cabo de ese período de gracia los sindicatos prometen ajustar sus obras sociales, siempre y cuando el Estado les otorgue el dinero que reclaman por distintos conceptos (desde errores en la imputación de aportes hasta retenciones de lo recaudado en moratorias).
Guerra larvada
En rigor, también en el ambiente gremial se desató una guerra larvada por la perspectiva de un cambio en el negocio. Es sencillo: las grandes obras sociales pretenden absorber a las pequeñas, sobre todo a las de afiliados con ingresos razonables. Finalmente, de las 250 que existen hoy en los registros, quedarán 60 o 70 en condiciones de sobrevivir en el mercado de la salud (una de las peculiaridades de la Argentina, país en el que los militares delegaron la atención sanitaria en los gremialistas y no a los buzos tácticos, los taxidermistas o los sastres).
Para los empresarios de la salud, por otro lado, las condiciones que ofrece el gobierno tampoco son atractivas y eso ha desatado también presiones de ese sector. Si se toma la temperatura de la Jefatura de Gabinete, actualmente hay más irritación allí con los titulares de compañías privadas que con los mismos sindicalistas. Los reclamos que hacen las prepagas son varios. Primero, que se les garantice un aporte superior a los $ 20 que figuran en el decreto, lo que seguramente aumentaría los costos de las empresas que a la larga deberán solventar el sistema con los aportes laborales.
Segundo, los empresarios de la salud pretenden también que se diversifiquen los planes de prestación, mientras que el gobierno decidió que con esos $ 20 por persona se debe ofrecer un programa médico obligatorio completo (que incluye alta complejidad y terapias de alto costo).
En tercer lugar, desde el sector privado se le han planteado al gobierno severas reservas sobre el financiamiento general del sistema. Como los ingresos de las empresas de salud dependerán de la capacidad del Estado para recaudar aportes, se temen moras o márgenes de evasión que afecten la rentabilidad del negocio.
Estas reservas le fueron formuladas a Chrystian Colombo de manera terminante (sus cola-boradores dicen «descortés»): «No nos presentamos a competir el 1 de enero», le dijeron. El «Vikingo» Colombo cree que esa dureza está amparada en que no hay un plazo determinado para que las prestadoras que quieren participar del juego se inscriban. Por eso, desde anoche, comenzó a imaginar establecer un término más allá del cual quien no se anotó como operador del sistema ya no podrá intervenir en el negocio. El jefe de Gabinete confía en que, con esa táctica, los prestadores privados serán menos agresivos con el gobierno.
