El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, afirmó ayer que el gobierno está estudiando un mecanismo de actualización de deudas que reemplace al Coeficiente de Estabilización Económica (CER), «que está generando una situación que le quita el sueño a la gente por la imprecisión sobre qué es lo que terminará pagando en el futuro en sus créditos, sobre todo hipotecarios».
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El funcionario hizo este adelanto cuando al gobierno se le abrió, ayer, un nuevo frente judicial debido a los cuestionamientos jurídicos que ofrecen las distintas medidas financieras que debe adoptar a raíz de la pesificación de la economía. Ahora, los jueces comenzaron a atender los recursos de amparo -hasta ayer superaban los 500- que presentaron particulares para que sus deudas hipotecarias no sean encuadradas en el denominado CER que afecta a más de 3 millones de personas. De todos modos, como esa medida recién comenzará a aplicarse en agosto -salvo para quienes quieran cancelar sus deudas antes de ese tiempo, tomando como fecha de indexación a la publicación en el Boletín Oficial la Ley de Emergencia Económica-, los jueces -por el momento- no resolverán sobre la medida cautelar porque aún no se consumó el daño aludido. De todas maneras, ante rumores de que el plazo vencía hoy, desde temprano se formaron largas colas en los juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal, los mismos que tienen a mal traer al gobierno por sus fallos favorables a los ahorristas en contra del «corralito» financiero.
Al mismo tiempo que se desarrollaba esta ola judicial, una caravana de automóviles de unas cuatro cuadras, y más de un centenar de deudores pesificados, en su mayoría hipotecarios, se movilizaron ayer por la tarde por el centro de Rosario para reclamar la eliminación del Coeficiente de Estabilidad de Referencia (CER).
La caravana, que comenzó poco después de las 18 en el Parque Independencia, recorrió algo más de dos kilómetros y medio por el sector céntrico, con estridentes bocinazos y haciendo un alto ante el emblemático edificio de la Bolsa de Comercio, en Peatonal Córdoba y avenida Corrientes.
«Aparte de la instancia legal, estamos haciendo oír nuestro descontento para que las autoridades nacionales respeten de una vez por todas nuestros derechos y el contrato establecido», dijo a «Télam» uno de los manifestantes, miembro de los denominados Deudores Autoconvocados.
Durante todo su recorrido, la caravana causó inconvenientes en el tránsito, pero no se produjeron incidentes, informó la Policía, que la escoltó desde una distancia prudencial.
Por la mañana, otra entidad defensora de los derechos de usuarios de servicios financieros (Asuserfi), que por la tarde se sumó a la marcha de los deudores hipotecarios, realizó también un acto por la eliminación del CER en la céntrica Plaza Pringles. Hasta el momento, los deudores autoconvocados han logrado reunir más de 10 mil firmas para solicitar al Congreso de la Nación la derogación del CER y «la pesificación de todas deudas, uno a uno».
