Lo sostuvo un de los árbitros de la organización Yasuhei Taniguchi. Los procedimientos legislativos de EEUU para derogar la ley "pueden ser prolongados", escribió el árbitro al explicar su plazo del 27 de diciembre. La OMC dio entrada el año pasado a un reclamo de la UE, Canadá y otros nueve países, donde alegaban que la norma les permitía ilegalmente a ciertas empresas embolsar impuestos antidumping cobrados a sus competidores externos.
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La OMC, con sede en Ginebra, dio cabida el año pasado a un reclamo de la Unión Europea, Canadá y otros nueve países, donde alegaban que la norma les permitía ilegalmente a las empresas, como U.S. Steel Corp., Lancaster Colony Corp. y Timken Co., embolsar impuestos antidumping cobrados por la Aduana de EEUU a sus competidores externos.
Los procedimientos legislativos de EEUU para derogar la ley "pueden ser prolongados", y están "controlados exclusivamente por el Congreso de EEUU", escribió el árbitro, Yasuhei Taniguchi, al explicar su plazo del 27 de diciembre. Los países que se quejaron sostuvieron que EEUU debería cumplir con la disposición antes de fin de julio, debido al perjuicio económico que sufrían sus empresas.
Designada con el nombre del senador Robert Byrd, el demócrata de Virginia Occidental que propuso la legislación en el 2000, la ley tenía por fin ayudar a las acerías estadounidenses como Weirton Steel Corp., de su propio estado, a los agricultores y a otros productores del país cuyas quejas sobre competencia desleal por las importaciones son escuchadas por los reguladores.
El 4 de febrero Bush propuso un presupuesto para el 2004 en el que se decía que "esos subsidios corporativos proveen efectivamente un 'doble beneficio' a industrias que ya tienen protección de los mayores precios de importación, mediante aranceles compensatorios".
La derogación de la ley hará que los aranceles de importación que ascienden a $230 millones al año, vayan al Tesoro en vez de a las compañías, y que ``sean dirigidos a usos más prioritarios", según el presupuesto.
La por entonces representante comercial de EEUU, Charlene Barshefsky, calificó en el 2001 la enmienda de Byrd como "una mala idea". El Presidente Bill Clinton la promulgó porque Byrd había incorporado su enmienda a un proyecto legislativo de fondos para el agro que el presidente apoyaba.
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